Miguel Castro Grández (FP), presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, afirmó que se ha incorporado la conciliación y el arbitraje como herramientas de protección al consumidor a las municipalidades provinciales y distritales por su llegada y conectividad directa con el ciudadano.

Según el congresista, Indecopi tiene la obligación de capacitar y monitorear la participación y actividades que realicen la municipalidades porque será parte de su informe anual ante el Congreso, como indicadores de cómo ha funcionado esta acción mediante las municipalidades.

Explicó que la ley le faculta a las municipalidades dos mecanismos de solución de controversias: la conciliación y el arbitraje a fin de garantizar la selección del consumidor hacia una de ellas. Estas dos herramientas le posibilitará al ciudadano una solución adecuada antes de llegar a un procedimiento administrativo sancionador.

Castro Grández dijo que en los últimos años Indecopi, no ha podido acceder a muchas regiones solamente a través de las municipalidades.

Sus declaraciones las hizo hoy en sesión de la Comisión de Defensa del Consumidor, ordinaria al debatirse el dictamen recaído en el proyecto de ley 1807/2016 CR, que propone, mediante un texto sustitutorio, la Ley de Fortalecimiento de la Defensa del Consumidor a través de las Municipalidades.

Momentos después se sustentó el proyecto de ley que modifica la Ley 27332, Marco de los Organismos Reguladores de la Inversión Privada en los Servicios Públicos.

Al respecto, Castro Grández refirió que su proyecto le devuelve a los organismos reguladores la facultad de intervenir en el mercado, donde hay un nivel técnico y altamente competitivo que tiene muchas implicancias en el manejo económico de los regulados.

“Los organismos reguladores pueden tener la capacidad de retener a funcionarios importantes, de hacer una carrera técnica y pública en instituciones serias”, acotó.

Otro de los temas que se sustentó en la sesión fue el proyecto de ley 2371/2017-CR, que propone la regulación de precios máximos de los medicamentos básicos para enfermedades de mayor incidencia, gravedad y de alto costo.

La iniciativa es del del congresista Javier Velásquez Quesquén, quien se refirió a la experiencia de Brasil y Colombia sobre el tema y propuso la creación de una mesa de trabajo para estudiar la efectividad de su propuesta en el país. El Estado tiene que cumplir un rol transparente, pero lamentablemente es un mal comprador, afirmó.

“Es inaceptable la existencia de monopolios. No podemos caer en manos de las grandes farmacéuticas. Debe a ver una agencia de regulación de precios de los medicamentos, como lo hay en Alemania, para que los medicamentos se vendan en el Perú a precios justos y razonables”, remarcó el congresista.

PRENSA CONGRESO