El Pleno del Congreso aprobó, en primera votación, el dictaminen recaído en los proyectos de ley 4417, 4448, y otros, que propone modificar el Nuevo Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, para optimizar el garantismo en el proceso penal.

La propuesta señala que si un caso, sin mediar su etapa procesal, hubiese pasado al archivo o al sobreseimiento, la entidad competente, de oficio o a pedido de parte, ordena la anulación de todo tipo de registro oficial en un plazo no mayor de cinco días hábiles desde que se tomó conocimiento, bajo responsabilidad funcional.

Respecto al Servicio de Defensa Penal Pública, a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, proveerá la defensa gratuita a todos aquellos que, dentro del proceso penal, por sus escasos recursos no puedan designar abogado defensor de su elección, o cuando resulte indispensable el nombramiento de un defensor público de oficio para garantizar la legalidad de una diligencia y el debido proceso.

Además. brinda atención inmediata, permanente y bajo reserva, según lo requiera o disponga el juez o el fiscal, bajo responsabilidad funcional. Las diligencias requeridas o dispuestas por el juez o el fiscal, en cada caso, es información clasificada como reservada, siendo deber del defensor público y demás intervinientes mantener la reserva, bajo responsabilidad funcional.

El legislador Flavio Cruz Mamani (PL), presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, señaló que existe la necesidad de modernizar y fortalecer el proceso penal asegurando un acceso mas eficiente y equitativo a la justicia.

Su colega Norma Yarrow Lumbreras (RP) aseveró que la iniciativa se basa en uno de los problemas relacionado con la seguridad ciudadana. “Hoy en día personas que son victimas de robo o extorción en la situación de flagrancia viven una vía crisis y la gente no quiere ir a declarar y esta ley los va a proteger”, sostuvo.

La propuesta fue aprobada, en primera instancia, con 86 votos a favor, 22 en contra y 2 abstenciones; lo cual será materia de segunda votación transcurridos los 7 días calendario, al no haber superado los tres quintos del número legal de congresistas.

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