Con 114 votos a favor, cinco abstenciones y cero en contra, el Pleno del Congreso, aprobó modificar el artículo 190 del Decreto Legislativo 635 del Código Penal, para aplicar sanciones en materia de seguridad social.

La propuesta señala que, en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente de un bien mueble, una suma de dinero o un valor que ha recibido en depósito, comisión, administración u otro título semejante que produzca obligación de entregar, devolver, o hacer un uso determinado, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años.

Si el agente obra en calidad de curador, tutor, albacea, síndico, depositario judicial o en el ejercicio de una profesión o industria para la cual tenga título o autorización oficial, la pena  privativa de la libertad será no menor de tres ni mayor de seis años.

Cuando el agente se apropia de bienes destinados al auxilio de poblaciones, que sufren las consecuencias de desastres naturales u otros similares, la pena privativa de la libertad será no menor de cuatro ni mayor de diez años.

Cuando el agente se apropia, sustrae, desvía o dispone indebidamente en todo o en parte, con fines propios o de terceros, los aportes destinados a la constitución, formación, consolidación o desarrollo de un fondo pensionario o del seguro social de salud, la pena privativa de la libertad será no menor de dos ni mayor de cuatro años, si el agente tiene la calidad de servidor público la pena será no menor de tres ni mayor de seis años y la inhabilitación a que se refieren los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36°.

El legislador Américo Gonza Castillo (PL) presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, señaló que debemos adoptar medidas y sancionar a aquellos que se apropian indebidamente de un bien mueble del Estado. «En el vigente código penal no se ha establecido sanciones a los agentes del sector público o privado, que se hayan apropiado ilícitamente, para fines propios o de terceros, de los aportes destinados al fondo previsional y de salud de sus trabajadores», señaló.

La propuesta fue exonerada de segunda votación siendo el resultado de 101 votos a favor, siete en contra y catorce abstenciones.

OFICINA DE COMUNICACIONES