Con cien votos a favor y diez abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen que propone modificar el artículo 1 de la Ley 29031, Ley que instituye el Día de los Defensores de la Democracia y crea la condecoración correspondiente.

La iniciativa legislativa tiene por objeto modificar el artículo 1 de la mencionada norma a fin de mejorar el proceso de calificación de los Defensores de la Democracia y el otorgamiento de la condecoración Medalla al Defensor de la Democracia.

El dictamen instituye el 22 de abril y el 12 de setiembre de cada año como Día de los Defensores de la Democracia, en homenaje a los miembros de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú, de los Comandos integrantes del Operativo Militar Chavín de Huántar, del Grupo Especial de Inteligencia (Gein) de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) de la PNP, de los comités de autodefensa que fallecieron, quedaron heridos o discapacitados como resultado de la lucha contra el terrorismo, así como a militares, policías, licenciados de las Fuerzas Armadas y ciudadanos que en la lucha contrasubversiva prestaron eminentes servicios a la Nación.

Asimismo, constituyen defensores calificados de la democracia los mineros y personal auxiliar que participaron en la construcción de los túneles que posibilitaron el operativo militar Chavín de Huántar, así como los rehenes que contribuyeron con acciones de inteligencia en dicha acción.

Adicionalmente, la norma se aplica también a los miembros de las Fuerzas Armadas, licenciados de las Fuerzas Armadas, miembros de la Policía Nacional del Perú y comités de autodefensa, que participaron en operaciones de lucha contra el terrorismo, que pusieron en riesgo su propia integridad física aun cuando no resultaron heridos ni discapacitados.

Respecto a los beneficios, la propuesta otorga a los defensores de la democracia, a que se refiere el artículo 1 de la Ley 29031, así como a sus hijos, cónyuges o concubinas, el acceso a becas de estudio. El Ministerio de Defensa o el Ministerio del Interior, según corresponda, cubrirán los gastos que se irroguen.
En sus disposiciones complementarias finales, indica que el Poder Ejecutivo adecúa la normativa a su cargo a fin de armonizarla con las disposiciones contenidas en la presente ley en un plazo no mayor de treinta días calendario, contados a partir de la publicación de la ley en el diario oficial El Peruano, así como los efectos de la presente ley no son aplicables a las personas que tengan sentencia condenatoria firme por la comisión de delitos.

El vicepresidente de la Comisión de Defensa Nacional, Miguel Vivanco Reyes (FP), sustentó el dictamen señalando que la comisión consideró viable el proyecto de ley, en tanto busca mejorar el proceso de calificación de los defensores de la democracia y que dicho reconocimiento alcance a militares, policías, licenciados y ciudadanos que en la lucha antiterrorista prestaron eminentes servicios a la Nación.

«La normativa orientada a generar el acceso a capacitación o servicios para los licenciados de las Fuerzas Armadas ha tenido limitaciones en su implementación, dejando la sensación de que el Estado ha abandonado la tarea de acompañamiento y seguimiento a quienes realizaron el servicio militar, particularmente durante la época de violencia. El proyecto de ley, materia del presente dictamen, no genera costo al erario nacional; su aprobación no aumenta el gasto público, debido a que preexisten normas que regulan el otorgamiento de reconocimientos y beneficios honoríficos a militares, policías, licenciados y ciudadanos que fueron excluidos de la normativa emitida a la fecha», expresó.

Durante el debate, parlamentarios de diferentes bancadas coincidieron en votar a favor de la propuesta porque, según dijeron, es un justo reconocimiento a los defensores de la democracia que dieron su vida por el país. «El esfuerzo y la entrega de lucha por la pacificación del país, y que algunos están vivos, por lo que este reconocimiento en vida será histórico para el Congreso con su votación», señalaron.

OFICINA DE COMUNICACIONES