Sin dejar de lado las investigaciones por el caso de vacunación irregular, el Estado debe asegurar la provisión de vacunas para todos los peruanos y hacer respetar los contratos suscritos con los diversos laboratorios, manifestó la presidenta a. i. del Congreso, Mirtha Vásquez Chuquilín.

“Tenemos todo el derecho a investigar y llegar al fondo de esta situación, pero como Estado tenemos que asegurar que los contratos se cumplan y que el Perú tenga en los próximos meses asegurada la provisión necesaria de vacunas para atender esta pandemia”, dijo en una entrevista en Ideele Radio.

La titular del Parlamento no descartó la hipótesis de que haya una estructura organizada detrás del caso de las vacunas, tal como refiere una información periodística. Indicó que al parecer existió un plan prestablecido y podría hablarse de una organización criminal.

“Es una hipótesis que no debemos descartar. Si uno mira quiénes han sido los beneficiarios de la vacuna VIP, no es que sean personas escogidas al azar. Todos ellos ocupan un cargo estratégico. Me impresiona ver gente que asuma cargos de decisión, funcionarios públicos que van a dar autorizaciones, miembros de la academia involucrados en la investigación y la vinculación con la parte comercial”, indicó.

Vásquez Chuquilín también se refirió a la información que señala que se necesitaría una tercera dosis en la vacuna del laboratorio de Sinopharm.

“Hay que cuestionar esa situación de falta de transparencia. Era fundamental que se transparente, y fueron cosas que no nos dijeron”, dijo la titular del Parlamento, al criticar el papel que cumplieron los funcionarios que participaron en la negociación para comprar la vacuna china y que fueron beneficiados con la inoculación.

COMISIÓN INVESTIGADORA
La presidenta a. i. del Congreso se pronunció a favor de que se respete el criterio de proporcionalidad y pluralidad en la conformación de la comisión investigadora del caso vacunagate, que preside el legislador Otto Guibovich (AP).

Añadió que es un reto del Parlamento evitar cualquier hecho que genere suspicacia y cause más desconfianza en la población.

“Si nosotros dejamos de respetar los principios fundamentales y generamos situaciones que pueden poner en riesgo la investigación, podemos favorecer a esos funcionarios que han cometido hechos que lesionan de manera grave la moral del país y evidencia un accionar delictivo”, comentó.

Agregó que no se debe generar ninguna fisura para no dar argumentos a estas personas y puedan huir de la responsabilidad que les corresponde.

Lima, 22 de febrero de 2021

OFICINA DE COMUNICACIONES