Este lunes se desarrolló la cuarta sesión ordinaria conjunta de las comisiones de la Mujer, presidida por la parlamentaria Milagros Jáuregui de Aguayo (RP), y de Justicia, dirigida por el legislador Flavio Cruz (PL).

Durante la jornada, los congresistas recibieron el informe sobre las acciones que el Estado ejecuta para cumplir las metas de la Política Nacional frente a la Trata de Personas al 2030, aprobada por el Decreto Supremo N.° 009-2021-IN, y la Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030, establecida mediante el Decreto Supremo N.° 008-2021-MIMP.

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Melchor Arana Ysa, sostuvo que el país atiende en promedio dos mil casos de trata de personas cada año. Resaltó además que, con apoyo de la Cancillería, en 2024 se logró repatriar a seis connacionales víctimas de este delito, y cinco más en lo que va de 2025.

“La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha reconocido al Perú como uno de los países de la región con planes sostenidos de acción, en referencia al Plan Nacional Contra la Trata de Personas 2022-2030”, declaró.

En el transcurso del debate, la congresista Mery Infantes (FP) advirtió sobre la gravedad de los casos en Condorcanqui y pidió la creación de un centro de acogida en la zona. Su colega Alejandro Muñante (RP) solicitó reforzar la fiscalización parlamentaria y propuso que la modalidad de “vientres de alquiler” sea reconocida legalmente como una nueva forma de trata.

“El Perú pierde cerca de 1,300 millones de dólares al año por este delito, de los cuales 700 millones corresponden a explotación laboral y 600 millones a explotación sexual”, alertó. Además, anunció la presentación de una moción para crear una comisión especial de seguimiento.

Por su parte, el congresista Pasión Dávila (BS) demandó al titular de la PCM atender a los padres de familia que marchan desde Cerro de Pasco hasta Lima para exigir la descontaminación de la laguna Patarcocha.

En tanto, Héctor Ventura (FP) reclamó mayor atención al control de fronteras, en especial en Tumbes, donde alertó que las mafias aprovechan la falta de medidas para el reingreso ilegal de extranjeros y actos de corrupción.

En su intervención, el ministro del Interior, Carlos Alberto Malaver Odias, precisó que la Policía Nacional ejecutó 124 campañas preventivas en colegios, municipalidades y espacios públicos, que lograron sensibilizar a 9,863 personas en regiones como Ucayali, Cajamarca, Ica, La Libertad, Lima y Callao. También informó que su sector brindó más de mil asistencias técnicas a gobiernos subnacionales, logrando la constitución de 25 espacios regionales de coordinación.

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Peña Cardoza, expuso que entre 2024 y 2025 su sector atendió a 157 víctimas en los Centros de Emergencia Mujer y Familia, mientras que 94 niñas, niños y adolescentes recibieron protección en Unidades de Protección Especial, y 154 menores fueron acogidos en los albergues residenciales del Inabif. Además, 405 personas recibieron acompañamiento integral. “El 99,5 % de los casos de trata reportados corresponden a mujeres, y de ellas, el 73 % son niñas y adolescentes”, enfatizó.

En ese marco, el titular de la PCM destacó que más de 3,600 funcionarios fueron capacitados en atención especializada en trata y violencia de género, mientras que 246 profesionales recibieron asistencia técnica para diseñar planes de reintegración individual.

Arana explicó que la estrategia nacional articula el trabajo de 16 entidades bajo la conducción del Ministerio del Interior y se organiza en tres objetivos centrales: ampliar la vigilancia preventiva en zonas de riesgo, mejorar la persecución penal y fortalecer la atención e integración de las víctimas. Además, anunció que el Ejecutivo impulsará una política específica para la protección de fronteras.

Las cifras fueron complementadas con reportes de otras instituciones: el Ministerio de Trabajo atendió 248 solicitudes de autorización laboral para adolescentes; el Ministerio Público registró más de 2,600 denuncias en 2024, triplicó sus operaciones de prevención y aplicó técnicas especiales en 131 casos; el Poder Judicial resolvió 518 expedientes, superando en 270 % su meta; el Ministerio de Justicia patrocinó legalmente a 687 víctimas a través de la defensa gratuita; Migraciones atendió a 59 extranjeros y Reniec restituyó la identidad a víctimas registradas.

Al cierre de la sesión, las exposiciones dejaron en claro que, aunque el Estado mostró avances, los retos en la lucha contra la trata de personas siguen siendo complejos y requieren una acción conjunta sostenida.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL