En Mesa técnica: Seguridad ciudadana en el sector transporte impulsada por Eduardo Salhuana

Ministros de Estado y titulares del PJ y Fiscalía se suman al pedido de unidad del presidente del Congreso

Centro de Noticias del Congreso

11 Abr 2025 | 21:49 h

La mesa técnica: “Seguridad ciudadana en el sector transporte”, convocada por el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana Cavides, para unificar criterios en la lucha contra la criminalidad, contó con la participación de cuatro ministros de Estado, las titulares del Poder Judicial y del Ministerio Público y otras autoridades, los mismos que se sumaron al pedido de unidad expresado por el titular del Parlamento.

La primera en exponer fue la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, quien mostró su preocupación por la situación que desborda a nuestro país: la delincuencia común, el crimen organizado, y la violencia que se dirige a las mujeres y a los demás integrantes del núcleo familiar.

También hizo un llamado a la unidad, que es reiterativo, dijo, ya que hay políticas de Estado que comprometen los esfuerzos de todos los sectores, públicos y privados, dejando de lado las diferencias de cualquier índole.

“De tal manera que he solicitado la promulgación de leyes que van a contribuir a la lucha contra la delincuencia. Por ejemplo, la ley de creación del sistema especializado en unidad de flagrancia; y buscar ajustes, pero no modificar la ley de extinción de dominio”, manifestó.

Además, continuó, “debemos contar con los recursos económicos suficientes para poder implementar todos los órganos jurisdiccionales que se requieren para enfrentar el alto número de litigios que existen; y hemos exhortado a los jueces de la república para que apliquen de manera efectiva las leyes penales que han sido dictadas”.

Luego, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, inició su participación con lo que ella considera una precisión: “el Ministerio Público tiene una función netamente de investigación a partir del conocimiento del delito”.

“Si bien es cierto desplegamos también una función adicional de prevención, que se va a rediseñar, esa función es orientadora, educativa, exhortadora, naturaleza distinta de la función de prevención del delito que, de acuerdo al artículo 166 de la Constitución, sí recae sobre la Policía Nacional del Perú (PNP)”, añadió.

“Es importante que la ciudadanía sepa que la Policía tiene el encargo constitucional de prevenir, con mejores y más recursos, y de cuidar la seguridad interna, que no es labor de otra entidad, menos del Ministerio Público. El Ministerio Público recién interviene cuando la lesión o desgracia ya se produjo”, expuso Espinoza Valenzuela.

“Lo que se necesita es fortalecer la inteligencia operativa de la Policía Nacional para que, a través de sus grupos organizados, hagan planes operativos de infiltración, seguimiento, agentes encubiertos, buscar informantes, para hacer operativos ya sean en flagrancia e ingresar a los lugares donde operan clandestinamente las organizaciones criminales”, añadió.

Un segundo aspecto es el patrullaje vecinal, continuó, con los adelantos tecnológicos convenientes. Contar con patrulleros policiales y de serenazgo, debidamente conectados, “golpear en tiempo real”.

“Apoyo la unidad, pero la unidad quiere decir: coordinar y escuchar las buenas propuestas”, expresó la fiscal de la Nación.

MINISTROS

En su intervención, el ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, expuso los inconvenientes que ha encontrado en su sector, las falencias, y el continuo trabajo de repotenciación que se está haciendo al Plan Perú Seguro, para mejorar la efectividad de los servicios de prevención del delito.

“Dejemos que la Policía Nacional del Perú y las Fuerzas Armadas hagan su trabajo, con la ayuda de todas las instituciones que tienen que ayudar, de acuerdo al CONASEC (Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana), CORISEC (Comité Regional de Seguridad Ciudadana) y el COPROSEC (Comité Provincial de Seguridad Ciudadana)”, expresó.

“Cada uno participa desde dónde están y la población también. La Ley 27933 habla de la población que tiene que integrase a la seguridad ciudadana a través de los programas preventivos que maneja la policía”, acotó.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez-Reyes Espejo, saludó la aprobación de la modificatoria de la Ley 30096, que tiene relación directa con la activación ilegal de líneas de servicios móviles y la posesión ilegal de SIM card, así como el reciente dispositivo aprobado para normar el uso de datos derivados de telecomunicaciones para rastreo y bloqueo de terminales móviles.

“Dos importantes leyes que van a ayudar a la persecución del crimen. Y en adición a ello, en trabajo conjunto con Interior y Justicia, estamos ya culminando la reglamentación del Decreto Legislativo 1688, dispuesta en el marco de una delegación de facultades legislativas que se nos otorgó”, informó.

Cabe recordar que el DL 1688 regula obligaciones y sanciones administrativas para las empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones en relación con las comunicaciones ilegales en establecimientos penitenciarios y centros juveniles.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Ysa, expuso sobre el Consejo de Reforma del Sistema de Justicia, en el que «nos proponemos diseñar políticas públicas, pero, además, hacemos también actualización de nuestros problemas, y hacemos llegar propuestas para mejorar el sistema de justicia”.

El ministro de Defensa, Walter Astudillo Chávez, señaló que “la única estrategia válida, que puede ser efectiva, involucra a toda la sociedad; en otras palabras, es un problema de todos, Acá no hay espacio para críticos”.

“Acaso no sabemos que existe un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, refirió, y las Fuerzas Armas no son integrantes de ese sistema, porque no es su función, no es su competencia. Y, repito, el problema de la seguridad ciudadana es un problema de todos, y las Fuerzas Armadas tienen que contribuir también en (la solución de) este problema”.

Participaron el jefe de Estado Mayor de la PNP, Óscar Arriola Delgado; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, David Ojeda Parra; el viceministro de Transportes, Ismael Sutta Soto; el jefe del Instituto Nacional Penitenciario, Federico Llaque Moya; y representantes de gremios de transportes.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL

 

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