El ministro de Justicia, Vicente Zeballos Salinas, se presenta ante el Pleno del Congreso para responder un pliego interpelatorio de 21 preguntas acerca de los términos del Acta de Acuerdo Preparatorio de Colaboración y Beneficios suscrita con la empresa Odebrecht, por el procurador ad hoc para el caso Lava Jato, funcionario que depende de su despacho.

La sesión plenaria empezó con 66 congresistas, con la conducción del presidente Daniel Salaverry Villa.

Al responder la primera pregunta del citado pliego, Zeballos Salinas fue enfático en señalar que como ministro de Justicia y presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado “no puedo ni debo ejercer injerencia, condicionamiento, o influencia sobre la estrategia que siguen los procuradores en los casos en particular”. 

Agregó que su función busca asegurar las condiciones para el mejor desarrollo de las funciones de los procuradores.

Manifestó que el marco legal señala que él, como presidente del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, se encuentra a cargo de la evaluación y supervisión de cuestiones operativas y administrativas de todas las procuradurías públicas que forman parte del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, entre ellas la procuraduría ad hoc del caso Odebrecht, a cargo Jorge Ramírez.

“Los procuradores públicos son autónomos en el ejercicio de sus funciones. Si bien existe una relación funcional con el Consejo de Defensa Jurídica del Estado, no existe dependencia funcional que emita injerencia por parte del Consejo en la labor técnica y jurídica que desempeñan los procuradores”, insistió el ministro de Justicia.

En otro momento, Zeballos recordó que, como una reacción positiva a los casos descubiertos de corrupción de Lava jato, en marzo del 2018 el Congreso aprueba la Ley 30737, que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos, la cual busca que nuestro país recupere las pérdidas ocasionadas por la corrupción.

Dijo que esa norma regulaba: la suspensión de transferencias al exterior, las adquisiciones y retención del precio de venta en el fideicomiso de retenciones y reparaciones; las retenciones de importes a ser pagados por las entidades del Estado, y las anotaciones preventivas.

“Pero también una figura innovadora desde la perspectiva del derecho penal, propuso la colaboración eficaz para las personas jurídicas”, dijo Zeballos. Agregó que la norma fue reglamentada en mayo de ese año por el DS 096-2018.

Previamente, Zeballos Salinas dijo que acudía al Parlamento Nacional porque “somos demócratas por convicción y formación, y creemos en nuestras instituciones. 

“Este modelo de pesos y contrapesos propone al Congreso asumir la función de control político y a razón de un auténtico mecanismo propio de una genuina democracia, como es la interpelación, estamos aquí para absolver inquietudes y preocupaciones y que son de interés de todos los peruanos pero dentro de un marco de legalidad y constitucionalidad”, puntualizó el también parlamentario.

PRENSA CONGRESO