El ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva Villegas, respondió, esta tarde ante el Pleno del Congreso, las 41 preguntas que integran el pliego interpelatorio planteado mediante la Moción de Orden del Día 1057.

De acuerdo con esta petición, el alto funcionario fue designado en el cargo “sin contar con experiencia en el sector ni registrar ningún tipo de formación y/o capacitación en materia de transportes y comunicaciones”.

Asimismo, se le señala el no haber “ejercido ninguna función en la administración pública ni mucho menos ha estado a cargo de algún puesto de dirección. Por el contrario, los únicos antecedentes que registra en materia de transportes son las papeletas y deudas que tiene por multas (…)”.

Silva Villegas respondió, ante las primeras interrogantes, que su compromiso es el trabajar por el Perú y garantizar “la formalización e integración de personas en el marco de la reingeniería del transporte en todo el país”.

Todo ello, dijo, debe lograrse a través de las facultades legislativas que próximamente solicitará a la Representación Nacional, y con las cuales podrá “realizar trabajos correctivos y adecuaciones técnicas necesarias para el manejo óptimo de ambas organizaciones (Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao-ATU y Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías-Sutran)”.

Según las facultades que se le otorguen, sostuvo el ministro, se formalizará “a aquellos operadores que quieren legalizarse, se cumplirán acciones de prevención y seguridad vial, y lograr que esas entidades no solo castiguen y sancionen, sino que eduquen y capaciten”.

Más adelante, Silva Villegas fue enfático en afirmar que no ha suscrito ningún acuerdo con el gremio de transportistas; y el acta que fue mostrada tan solo era del diálogo efectuado.

Un elemento presente en muchas de las preguntas del pliego interpelatorio fue el de las críticas suscitadas por el nombramiento de funcionarios que no cuentan con estudios o experiencia en el sector y cuestionados, además por conflictos de interés o conductas irregulares.

Al respecto, respondió que todos los funcionarios están en evaluación permanente, incluida la titular de la ATU, María Jara, que a pesar de estar incursa en una causal administrativa, continúa en sus funciones.

Manifestó, además, que todos los funcionarios aludidos tuvieron informes favorables de las oficinas de Recursos Humanos y de la Asesoría Jurídica del Ministerio; no obstante, algunos de ellos renunciaron para salvaguardar su dignidad, y otros no llegaron a asumir funciones.

Subrayó y reiteró en varias oportunidades que su despacho se ha reunido con la presidenta de la ATU, por lo menos diez veces, aunque no todas las reuniones han sido con él, sino también con miembros de su equipo técnico ministerial, para llevar a delante los objetivos institucionales y mejorar el servicio de transporte público, siempre en el marco de puertas abiertas para todos los usuarios.

OFICINA DE COMUNICACIONES