El Pleno del Congreso planteó diez interrogantes al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ángel Yldefonso Narro, comprendidas en la Moción de Orden del Día 2064, relacionadas a su falta de idoneidad en el cargo, a la acusación de negligencia por su desempeño en el Gobierno Regional de Áncash y por haber propuesto una cuestionada candidatura a la Procuraduría General del Estado.

Previamente, el titular del Minjus detalló su trayectoria en el sector público y privado. Afirmó que involuntariamente omitió información de sus consultorías, rechazó haber tenido una inconducta funcional y responsabilizó del incumplimiento de los plazos en los procesos en el Gobierno Regional de Áncash a la falta de recursos en esa instancia regional.

Asimismo, descartó conocer a la cuestionada candidata como procuradora general del Estado, Hilda Celestino Narcizo, o tener un parentesco con ella, quien fue acusada por falta de idoneidad y separada del Juzgado Mixto de la provincia de Bolognesi por no haber cumplido con terminar la carga procesal proyectada para el 2021.

“Es falso que la abogada mencionada haya sido propuesta por mí ante el presidente de la República para asumir el cargo de Procuradora General del Estado. Solo se evaluó su perfil como el de otros, sobre la base de cierta documentación”, manifestó.

Respecto a su Declaración Jurada de Intereses, indicó haber omitido “involuntariamente” consignar información relacionada con consultorías en el sector público y privado, pero que el 11 de marzo pasado presentó una carta aclaratoria a la Sub Gerencia de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República dando cuenta de los cargos que asumió en los últimos cinco años.

Yldefonso rechazó las acusaciones provenientes desde el Gobierno Regional de Áncash, y señaló que cumplió con los encargos a pesar de las dificultades en que trabajó, en un “contexto de inestabilidad política y desorden institucional, con carencia de recursos materiales, humanos y presupuestarios”.

Puso énfasis en la falta del servicio de mensajería, necesario para el envío de documentos importantes y cuyo retraso afectó los plazos procesales, aunque “asumió la situación con responsabilidad y profesionalismo”.

También negó tener un proceso administrativo disciplinario ante alguna instancia sancionatoria y afirmó que quienes lo están investigando no dependen de su despacho y, en consecuencia, está garantizada su autonomía e independencia.

OFICINA DE COMUNICACIONES