El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Ysa, fue citado esta tarde por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que preside Américo Gonza Castillo (PL), para exponer sobre la política nacional penitenciaria y brindar su opinión sobre el Proyecto de Ley 07466/2023-CR, Ley que crea la Unidad Ejecutora del Servicio de Defensa Pública.

Gonza Castillo llamó la atención sobre el porcentaje de internos penitenciarios, 38 a 48 por ciento, que se encuentran sin sentencia. Parte de ese hacinamiento que se vive, enfatizó, “es que tenemos muchas personas investigadas, sin sentencia, lo cual también transgrede los derechos humanos, de forma que muchos terminan su prisión, y nunca fueron sentenciados”.

El representante por Cajamarca sostuvo que debemos tomar medidas sobre esa realidad porque las personas encarceladas injustamente tendrán el peor concepto de la justicia peruana, y segundo porque significa un gasto para el Estado.

Sobre la política nacional penitenciaria, Arana Ysa afirmó que se ha abordado el primer tema con dos mecanismos que permiten que los centros penitenciarios sean deshacinados: uno de ellos a través de medidas legislativas que incluye la vigilancia electrónica, más conocidos como grilletes, y la construcción de megapenales.

Informó también que se ha programado que en los próximos dos meses se ponga en funcionamiento un paquete de 500 grilletes; y dijo que es sorprendente cómo la legislación no pudo ser capaz de enfrentar esta forma de deshacinamiento.

En lo que se refiere a la construcción de penales dijo que se ha incorporado una nueva idea: los megapenales.

Sobre el punto expuso que ya hay una respuesta del Banco Interamericanos de Desarrollo (BID) con 500 millones de dólares, y se quiere asegurar otros 1000 millones, de otros organismos bilaterales, con los que se podría construir hasta tres megapenales.

Señaló, además, que también hay una respuesta muy favorable de empresas privadas para la construcción de los mismos con el mecanismo de obras por impuestos.
El segundo punto de agenda, referido a su opinión sobre el Proyecto de Ley 07466/2023-CR, Ley que crea la Unidad Ejecutora del Servicio de Defensa Pública, cuyo autor es Américo Gonza Castillo, manifestó que la idea de su sector también es fortalecer el sistema de defensa pública.

Informó el ministro que hay más de siete millones y medio de juicios, gran parte de ellos en el orden civil, que pueden ser objeto de resolución a través de los mecanismos previstos en la ley, como el de la conciliación, que, si bien no es obligatoria, podríamos examinarse la necesidad de volverla tal, para evitar ir a juicio. Otra alternativa, dijo, sería el arbitraje.

La sesión extraordinaria contó con la intervención de los congresistas Jorge Morante Figari (FP) y Pasión Dávila Atanacio (BMCN).

El ministro estuvo acompañado por la directora general de Asuntos Criminológicos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Lucía Nuñovero Cisneros; el director general de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, Walter Martínez Laura; la jefa de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, Paula Ruiz Vásquez.

También, el presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Federico Llaque Moya.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL