El ministro de Educación, Carlos Gallardo Gómez, respondió, esta mañana ante el Congreso de la República, las diez preguntas que contiene el pliego interpelatorio planteado en la Moción de Orden del Día 1132 por las graves irregularidades ocurridas en la aplicación de la Prueba Única Nacional para docentes.
El pedido se presentó el 17 de noviembre último, fue admitida en la sesión del 25 del mismo mes, y se fundamenta en diversas denuncias propaladas por los medios de comunicación que han dado cuenta de la filtración e, incluso, comercialización, horas antes de que se realice, de la mencionada prueba para el concurso de nombramiento 2021 de docentes.
Si bien, el portafolio que dirige Gallardo Gómez informó que el 28 de mayo pasado suscribió un convenio con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), para que se encargue de la impresión, el traslado, la aplicación y la confidencialidad de la prueba, según la moción “esto de ninguna manera resta responsabilidad política al titular del sector”.
Gallardo Gómez, al contestar la primera interrogante que le solicitaba individualizar a las personas que tuvieron acceso a la prueba, entregó a la presidencia del Congreso y en sobre cerrado un listado para lo cual solicitó el tratamiento que la ley provee para este tipo de información.
Seguidamente, precisó que las personas que accedieron a la prueba fueron 104 personas, aunque ninguna de ellas corresponde “en lo que respecta a su gestión”. En lo que refiere al personal del INEI y de sus contratistas, “corresponderá a esa institución dar cuenta”.
El ministro ofreció algunos detalles sobre el convenio firmado entre el ministerio y el INEI, firmado varios meses antes de su llegada al portafolio e insistió en que es esa entidad, mediante un “entregable”, la que debe informar al Minedu sobre las medidas que propuso a su proveedor.
Más adelante, precisó que la prueba se imprimió 14 días antes de su llegada al ministerio, y que no le correspondía supervisar la prueba, ya que esa es la función de la Dirección de Evaluación Docente (DIED).
De acuerdo con el ministro, hasta hoy, “no existe evidencia irrefutable de que la prueba ha sido filtrada y es un presunto hecho materia de indagación, tanto por el Ministerio Público como por nosotros en el Ministerio de Educación”.
En cuanto a la pregunta que busca indagar sobre acciones penales, civiles y administrativas, respondió que su despacho en forma inmediata solicitó a la Procuraduría Anticorrupción lleve a cabo la investigación y, así también, ha solicitado la participación de la Oficina de Transparencia del ministerio y de la Contraloría General de la República para que audite la prueba.
En este momento, también entregó a la Presidencia del Congreso un sobre cerrado que contiene información de los procesos, para la cual solicitó la reserva que prevé la ley, en salvaguarda de los mismos.
Propuso, finalmente, deslindar primero sobre la existencia o inexistencia de esa filtración. E informó de inmediato que desde el 2002 se han dado filtraciones en ocho ocasiones anteriores. Por tanto, “no es la primera vez que esto sucede, pero queremos que sea la última. Si comprobamos que la filtración fue generalizada, cómo podríamos continuar con el proceso. Tendría que ser forzosamente invalidado”.

OFICINA DE COMUNICACIONES