Mariano González Fernández, ministro de Defensa, anunció la conformación de un grupo de trabajo que evaluará los procesos de ascensos y pases al retiro de los Oficiales de las Fuerzas Armadas, durante el periodo 2012 – 2016.
Dicho grupo evaluador estará presidido por Enrique Bernales Ballesteros y lo integrarán Ángel Delgado Silva, el General EP (R) Emilio Bobbio Rosas; el teniente general FAP (R); Jorge Raúl Kisic Wagner; y el contralmirante (R) Jaime Navach Gamio, quienes en trabajo – ad honorem – y en un plazo de 90 días emitirán un informe final.
Durante los cinco años del gobierno anterior se produjeron 1,205 ascensos de oficiales generales en las Fuerzas Armadas, los mismos que serán evaluados. Del mismo modo, se ha ordenado una revisión caso por caso de los nombramientos en el exterior y se ha dispuesto el retorno de aquellos oficiales que no contaban con el perfil inherente al cargo.
A la fecha, ningún alto funcionario nombrado en el Ministerio de Defensa por el gobierno pasado permanece en su cargo, dijo el ministro; y se ha emitido una resolución que da término a las autorizaciones de viaje en comisión especial al exterior del personal militar.
Los anuncios los hizo el titular de Defensa durante la sesión del lunes 29 de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo alternativo y Lucha Contra las Drogas que preside la legisladora Luciana León.
González Fernández, en amplia exposición, dio respuesta a 27 interrogantes que le fueran formuladas previamente por los miembros de la comisión respecto a los planes y proyectos del sector; compras efectuadas durante el gobierno anterior; compras y contrataciones realizadas por las FF.AA. de julio 2011 a julio 2016; así como la explicación de la transferencia de gestión del sector Defensa.
González sostuvo que pese a que recibió el resultado de la Auditoría de Cumplimiento de los actos preparatorios del proceso de la adquisición y contratación del satélite, mediante el convenio gobierno a gobierno con Francia, hasta la suscripción de contrato por parte de la Contraloría, solicitó una auditoría adicional para la etapa de ejecución contractual y otra auditoría para la evaluación de desempeño.

Denuncia a periodistas 

Una de las primeras medidas que tomó el Ministerio de Defensa fue solicitar al Ministerio de Justicia el cambio de la procuradora Sara Farfán, que había llevado adelante la denuncia contra los periodistas de Panorama por el presunto delito de traición a la patria. “La posición actual del sector –afirmó– es que no ha existido perjuicio para el Estado con la denuncia periodística e invoca al Ministerio Público a una actitud reflexiva y considere el archivo definitivo del caso.

Compras durante el gobierno anterior

Una de las primeras acciones de control realizadas fueron las compras efectuadas por la modalidad de Gobierno a Gobierno y aquellas hechas en el mercado extranjero entre los años 2012 al 2015, periodo en el que se realizaron adquisiciones importantes y cuantiosas.
Al respecto el ministro de Defensa anunció que su gestión brindará total apoyo al Congreso de la República en su labor fiscalizadora a dichas compras militares que requiera la Comisión de Defensa y otra investigadora que se instale con el propósito de esclarecerlas.
Las adquisiciones militares ascienden aproximadamente a 8 mil millones de soles realizadas por el Ejército Peruano, Fuerza Aérea del Perú y Marina de Guerra, en un total de 11 operaciones de compra. Su cartera no recomienda seguir utilizando la modalidad de compra Gobierno a Gobierno porque la Contraloría no cuenta con mecanismos de control sobre esta modalidad.

Inmuebles de propiedad de las FFAA

En referencia al alquiler del terreno del Centro Comercial Plaza Lima Sur, con antecedentes de junio 1992, el ministro informó que por el convenio suscrito entre el Ejército y la empresa de Erasmo Wong S.A. se alquila el terreno en 24 mil dólares, más porcentajes adicionales de ventas y concesiones. El 2005 se firmó una adenda con el entonces Hipermercados Chorrillos S.A. y se aumentó el monto de alquiler en 70 mil dólares mensuales.
El 2010 el Ejército ordenó una auditoría contable porque los adicionales derivados de las ventas y concesiones no coincidían con las utilidades, con el posteriormente llamado Centro Comercial Lima Sur. Finalmente, en abril 2013 se firma un Memorándum de Entendimiento que incrementa el alquiler en un millón 600 mil soles mensuales.
La empresa, que para entonces ya era CENCOSUD, aceptó las condiciones y se tuvo un plazo de 180 días más y 90 días adicionales para firmar dicho contrato, para lo que se requería una Resolución Ministerial. La mencionada resolución fue emitida después de un año y siete meses cuando el plazo había vencido y el memorándum de entendimiento establecía volver a las condiciones de pago de solo 70 mil dólares mensuales, precio desventajoso para el Ejército. Se ha instruido adoptar las acciones legales que correspondan a fin de salvaguardar el patrimonio de la institución, informó el ministro. (EPA)

PRENSA/CONGRESO
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