El dictamen de los proyectos de decretos legislativos en torno a seguridad ciudadana presentados en el marco de la solicitud de delegación de facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo, serán presentados a la Presidencia del Congreso de la República el lunes 19 por la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas
Así lo informó la presidenta de ese grupo de trabajo, congresista Luciana León Romero (CPA), quien dijo que los miembros de su comisión trabajarán mañana viernes, pasado mañana sábado y el domingo, si es posible, porque el documento lo están solicitando con urgencia.
Destacó la actitud de Zavala Lombardi de concurrir a las comisiones para explicar detalladamente sobre la solicitud de delegación de facultades a fin de lograr consensos, lo cual es una práctica democrática digna de subrayar.
Fue después de la exposición que hizo el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala Lombardi, antes de la sustentación del ministro del Interior, Carlos Basombrío Iglesias, sobre las propuestas legislativas que proyecta el gobierno concretar respecto de la seguridad ciudadana.

EXPOSICIÓN
Zavala, en su exposición, subrayó que si deseamos que el Perú sea un país moderno tiene que tener seguridad y se tomará antes de que concluya el año, porque la situación es apremiante. “El Perú tiene que ser un país sin conflictos”, remarcó el jefe del gabinete ministerial en la sala Raúl Porras Barrenechea.
Señaló que hay la necesidad de establecer modificaciones normativas a la legislación penal, especialmente en lo que respecta a beneficios penitenciarios y acumulación de penas, para contribuir en la lucha contra el crimen organizado, la delincuencia común, la violencia contra las mujeres, grupos familiares y afectaciones a la infraestructura e instalaciones de hidrocarburos (PETROPERÚ).
Sostuvo que es preciso declarar en emergencia y reestructurar el Sistema Nacional Penitenciario en lo que respecta a su organización, infraestructura y administración, incluyendo la revisión del marco normativo para la inversión en infraestructura, administración y seguridad penitenciaria, así como modificar normas sobre el tratamiento del adolescente en conflicto con la ley penal y optimizar los procedimientos de extradición y traslado de sentenciados.
Planteó también la reestructuración del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana mejorando la articulación multisectorial e intergubernamental y la participación ciudadana, así como la cooperación entre la Policía Nacional del Perú (PNP) y los gobiernos regionales y locales.
Reorganización del Ministerio del Interior
Dijo que era imprescindible adoptar medidas de prevención social respecto a la delincuencia y la participación ciudadana. Consideró como necesario la modificación organizativa y funcional del Ministerio del Interior para mejorar la prestación de servicios al ciudadano y la erradicación de actos de corrupción dentro del sector.
Perfeccionar, igualmente, el marco normativo de la PNP en lo referente a su organización, especialización profesional, régimen disciplinario, carrera policial, régimen de salud y la articulación de la PNP, el Ministerio Público y el Poder Judicial para lucha contra el crimen organizado y la delincuencia común.
Zavala estimó que es urgente fortalecer el sistema de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, especialmente al acceso al secreto bancario y la reserva tributaria por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a la cual se le debe dar mayores facultades para compartir sus informes con los órganos de inteligencia, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
Consideró necesario modificar la legislación sobre la lucha eficaz contra el lavado de activos, minería ilegal y el crimen organizado, así como la reforma total de la legislación penal contra el financiamiento del terrorismo, la creación del Registro de Beneficiarios Finales y el fortalecimiento de la Comisión Ejecutiva Multisectorial de lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del terrorismo.
“Llegar al Bicentenario como un país moderno, más competitivo y que brinde las mismas oportunidades a todos los ciudadanos para desarrollarse, exige combatir la inseguridad ciudadana y la corrupción”, subrayó.

PENAS MÁS SEVERAS

Por su parte, Basombrío Iglesias detalló que el decreto legislativo que propone modificar artículos del Código Penal, precisa regular el tipo penal de la banda criminal y sancionar con la misma pena los actos preparatorios del acto criminal (crimen organizado). Dijo que de esa forma la PNP tendrá mejores herramientas para actuar en forma preventiva. Puntualizó que hoy los actos preparatorios son calificados como tentativa y con penas muy bajas.

También se busca regular el tipo penal sobre tenencia de armas, el concepto de violencia familiar como parte del tipo penal de lesiones leves. Señaló que el dispositivo tiende a tratarlo como delito y no como una falta. Dijo que se busca revisar la duración de las penas de los delitos relacionados con el crimen organizado. Igualmente, reemplazar el concepto de asociación ilícita para delinquir por el de organización criminal .
Basombrío explicó que otro decreto legislativo propone incorporar la trata de personas como delito grave de trascendencia nacional con la finalidad de que el juzgamiento sea en la capital. Asimismo, se modificarán los mandatos de detención preliminar de seis meses a un año. Indicó que se incorpora el delito de minería ilegal dentro de la Ley contra el crimen organizado, así como también los condenados por sicariato, estafa agravada, tráfico ilícito de drogas, formas agravadas de usurpación y el tráfico ilícito de migrantes no tendrán beneficios penitenciarios.
Señaló que se busca ajustar la norma actual sobre la sanidad policial y el fondo de salud, los cuales deben ser reorganizados en el corto plazo. Dijo que hoy la sanidad está desabastecida. Agregó que otro decreto legislativo propugna la incorporación de la Procuraduría del crimen organizado, con la finalidad de contar con un órgano par con los órganos del Poder Judicial, Ministerio Público y de la propia PNP. (jon).

PRENSA-CONGRESO