El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres Vásquez, sustentó ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, que preside el congresista Segundo Acuña Peralta (APP), el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2022, que asciende a 1835 millones soles, esto es, 2,7 % mayor a lo asignado en el 2021.

Torres anunció que la formulación de dicho presupuesto se sustenta en un marco estratégico constituido por cinco ejes misionales que se articulan a los objetivos estratégicos:

Uno, garantizar el acceso a la justicia de la población, con énfasis en situación de pobreza y/o en condición de vulnerabilidad; dos, fomentar el respeto y la garantía de los derechos humanos en la ciudadanía; tres, contribuir a la reducción de los delitos e infracciones a la ley penal; cuatro, garantizar la coherencia del ordenamiento jurídico y cautelar los intereses del Estado; cinco, fomentar el respeto de la legalidad en la sociedad.

Cada uno de estos objetivos se implementará a través de los pliegos del Ministerio de Justicia, el Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), la Procuraduría General de la República, y la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp).

AVANCES Y EJECUCIÓN
El titular de Justicia informó a los miembros de la comisión que, hacia el final del 2021, la proyección a nivel del sector será de 93.5%, y se espera superar la ejecución del 2020, que fue del orden del 85 %.

En tanto, estima que el nivel de ejecución de inversiones bordeará a fin de año el 65.3 %. El ministerio 84.5 %, el Inpe 46.8% y la Sunarp 99.3 %.

METAS
Para el 2022, Aníbal Torres diseccionó el presupuesto por pliegos presupuestarios.

Así, Justicia y Derechos Humanos tiene 500 millones de soles, una variación de 70 millones más respecto al 2021, que, a su vez, experimentó una reducción de 180 millones respecto al 2020, debido a una contracción provocada por la necesidad de priorizar gastos para enfrentar la emergencia sanitaria.

El Inpe tendrá 785 millones de soles; la Sunarp 516 millones de soles; y la Procuraduría General del Estado, que es un nuevo pliego, 34 millones de soles.

INVERSIONES
El presupuesto 2022 para inversiones, de acuerdo con Aníbal Torres, asciende a 224 millones de soles.

Además, el sector Justicia y Derechos Humanos tendrá 89 millones de soles para, entre otros programas, el Mejoramiento de los Servicios de Justicia no penales y de los Servicios de Justicia en Materia Penal.

Asimismo, el Inpe poseerá 118 millones de soles para continuar con las obras de los establecimientos penitenciarios (EP) para mujeres en Pucallpa, Lampa, Arequipa y Trujillo; el inicio de obras en el EP de Chimbote, Iquitos, Cajamarca, y saldo de obra del EP Chincha; la culminación de expedientes técnicos de los EP de Ica, Abancay y Piura; la construcción de un penal de máxima seguridad en Ancón, a financiarse mediante modificaciones presupuestales entre proyectos de inversión.

Así también, la Sunarp iniciará la construcción de oficinas regionales en Chiclayo, Bagua y Chanchamayo hasta por un monto de 17 millones de soles.

INTERVENCIONES
El congresista Wilson Soto Palacios (AP) centró su intervención sobre la inexistencia de una oficina de la Sunarp en la región Huancavelica, lo que provoca que los trámites de sus pobladores se realicen en la ciudad de Huancayo. “Es un servicio esencial”, afirmó, “que no nos ayuda a ser sujetos de crédito y realizar actos jurídicos. Solicito que se incluya en el presupuesto la creación de la oficina de Sunarp en Huancavelica”.

Por su parte, la parlamentaria Francis Paredes Castro (PL) solicitó al titular de Justicia que se amplíe la información sobre la obra de rehabilitación del EP de Pucallpa, que ha contado con 47 millones de soles en el 2020, y tiene ahora para el 2022 la suma de 41 millones; en total unos 233 millones, y quiso saber cuán terminará la obra. Además, mostró su preocupación por la sede de la Sunarp de Pucallpa, en donde existen muchas denuncias de tráfico de tierras promovidas por malos funcionarios.

Finalmente, la legisladora Heidy Juárez Calle (APP) consultó sobre qué medidas o acciones tiene previsto implementar para cumplir la Ley 30737, sobre el pago de la reparación civil en casos de corrupción, además solicitó su apoyo para desarticular las bandas que tanto daño hacen a su región.

OFICINA DE COMUNICACIONES