El Contralor General de la República, Nelson Shack Yalta, informó que como resultado de las acciones de auditoria se detectó un perjuicio económico para el Estado de 161 millones de soles, de cuyo monto el 85% corresponde a acciones relacionadas con el gobierno regional del Callao.

            El alto funcionario se presentó el miércoles 18 en la sesión de la comisión que investiga los presuntos actos de corrupción en el gobierno regional del Callao, que preside el congresista Percy Alcalá. Informó de los 250 funcionarios de distintas instituciones que fueron sometidos al procedimiento administrativo sancionador, casi la mitad de ellos son del gobierno regional.

            Señaló que ha habido una disminución en el presupuesto que se destina a obras e infraestructura en el Callao. Esta situación se debe, entre otras razones, a que los recursos fueron comprometidos a obras emblemáticas, entre ellas los trabajos de la avenida Néstor Gambeta y el tramo de cinco kilómetros de la Costa Verde (Av. Buenos Aires-San Miguel), que hoy son materia de investigación.

            Dio a conocer que se han elaborado 400 informes de control en las distintas administraciones del gobierno regional del Callao, entre 1999-2018 y que la labor de la CGR se hace a nivel de control previo, posterior y simultáneo, además de auditorías financieras que realizaron sociedades de auditoría entre el 2013 y 2017.

            Lo que le preocupa a la Contraloría es que producto de las investigaciones no ha habido informes sobre infracciones en el proceso de contrataciones, no hay informes finales porque no hay documentación ni información, señaló. Por eso se dispuso cambiar a todos los jefes de oficinas y órganos de control, quienes ahora serán empleados de la institución.

            Schack explicó que los 250 funcionarios investigados en los últimos veinte años, de diversas instituciones incluidos los del gobierno regional, fueron sometidos en los últimos cinco años a proceso administrativo sancionador, pero que casi dos años se demora el proceso de sanción a cada uno de ellos.

            Informó a la comisión que hay 98 informes de auditoría que determinaron responsabilidades penales y 43 responsabilidades civiles. Todo ello ha ocasionado perjuicios económicos para el Estado por 142 millones de soles.

            Durante su exposición, el Contralor detalló –a través de dos vídeos- dos obras emblemáticas que han ocasionado pérdidas para el gobierno regional. La primera es el mejoramiento de la avenida Néstor Gambetta, que causó 55 millones de soles en perjuicio al Estado. Hubo un pago indebido de 46 millones de soles que favoreció al contratista, se pagó 10 millones por un expediente técnico incompleto y hubo un presupuesto adicional de dos millones 300 mil soles, además de un pago de seis millones por trabajos no ejecutados. Seis funcionarios fueron identificados como responsables. Se hicieron 14 adendas a la obra y 11 ampliaciones de plazo que significaron aumentar el presupuesto total de 355 millones a 500.

            La otra obra fue el tramo de cinco kilómetros de la Costa Verde. Se hicieron cuatro observaciones, entre ellas la aprobación de los trabajos sin sustento técnico y una demora de 220 días; la licitación de obras sin disponibilidad de terrenos, que incluía los permisos municipales y la ampliación del plazo por 130 días. Todo ellos significó pérdidas por 16 millones 830 mil soles.

            Asimismo, los trabajos no cumplieron los niveles de calidad necesarios ni las normativas. Sin embargo se pagó 4 millones 900 mil soles. Además de ello, se disminuyeron los carriles de seis a tres y en algunos tramos todos iban en un solo sentido. Se halló responsabilidad penal y civil en 18 funcionarios.

            Las preguntas estuvieron a cargo de los congresistas María Elena Foronda, Vicente Zeballos e Israel Lazo. Los parlamentarios estuvieron de acuerdo en que todos los esfuerzos, hasta el momento, no han sido suficientes, por lo que le preguntaron al Contralor si podía haber una red criminal de corrupción en el gobierno regional del Callao.

            Respondió que “no se ha encontrado una estructura organizacional para ese delito”, pero tampoco le corresponde a la CGR señalarlo porque sería otra clase de auditoría a ejecutar y en ello no tiene competencias. Por ello propuso que podría ampliarse las funciones de su institución para incautar la documentación que resulte importante y esclarecedora y resguardarla.

            Shack Yalta anunció que en el segundo semestre de este año habrán nuevas investigaciones en el gobierno regional que incluirá el programa de educación bilingüe y de fomento a la lectura en educación inicial, el Hospital de Ventanilla y la transferencia de los módulos de atención especializada, los sistemas de contratación de personal profesional, el mantenimiento de bienes y la contratación de servicios y de otras auditorías en las que se gastó 16 millones de soles, entre otras.

PRENSA CONGRESO