La Comisión de la Mujer y Familia, presidida por la legisladora Lucinda  Vásquez Vela, de Bloque Magisterial,  aprobó  por unanimidad la propuesta de modificación de la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar (Modificado por la Ley 30862).

El objeto del proyecto de ley 2075/2021-CR, es establecer procedimientos que debe observar el personal de la Policía Nacional del Perú, al recibir y tramitar las denuncias de personas con discapacidad auditiva, física, de cuerda vocal, entre otros, con la participación de intérpretes de lenguaje de señas peruana, según sea el caso.

La finalidad es optimizar la actuación policial, correspondiendo coordinar con instituciones públicas para que faciliten intérpretes en lenguaje de señas peruana, para la atención de denuncias de personas con discapacidad auditiva, física de cuerda vocal u otros con respecto a las víctimas por violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

La iniciativa incorpora en la Ley 30364, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, el Artículo 10, de derecho a la asistencia y protección integrales y prevé que la PNP, debe coordinar con el Programa Aurora, con la Dirección de Promoción y Desarrollo Social que desarrolla el mecanismo de protección y asistencia a la persona con discapacidad (Red Alivia Perú) CONADIS del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio Publico, Poder Judicial e instituciones públicas, para que faciliten intérpretes en lenguaje de señas peruana de manera inmediata, para la atención de denuncias de personas con discapacidad auditiva, física de cuerda vocal, entre otros, según sea el caso.

DERECHO AL  ACCESO A LA INFORMACIÓN

Las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, tienen derecho a recibir plena información y asesoramiento adecuado con relación a su situación personal, a través de los servicios, organismos u oficinas del Estado en sus tres niveles de gobierno y conforme a sus necesidades particulares.

Es deber de la Policía Nacional del Perú, del Ministerio Público, del Poder Judicial y de todos los operadores de justicia informar, bajo responsabilidad, con profesionalismo, imparcialidad y en estricto respeto del derecho de privacidad y confidencialidad de la víctima, acerca de sus derechos y de los mecanismos de denuncia.

Respecto al Plan Curricular se afirma que estos son aprobados por la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial y Formulados por las Escuelas, teniendo en consideración las competencias, conocimientos, habilidades y destrezas, requeridos para el adecuado desempeño de la función policial y las especialidades, que definan para el ejercicio de la carrera.

La determinación de los contenidos de los planes curriculares se encuentra alineada a los principios, valores y objetivos de la política de formación profesional policial, los planes estratégicos institucionales de la PNP y demás documentos de gestión vinculados al proceso formativo policial.

La Escuela Nacional de Formación Profesional Policial, deberá implementar en su plan curricular la enseñanza del lenguaje de señas peruana, para la adecuada atención de las personas con discapacidad.

La presente iniciativa legislativa es de aplicación inmediata; para todos los procedimientos en trámite y deberá implementarse a partir del año 2023.

OFICINA DE COMUNICACIONES