Con el objetivo de analizar de manera multisectorial los impactos de la actividad minera en los suelos agrícolas ubicados en zonas de influencia minera, se desarrolló la mesa de trabajo denominada “Protección de suelos agrícolas en zonas de influencia minera – Caso Cancate”, impulsada por el congresista Roberto Kamiche (bancada APP).

La reunión convocó a las autoridades políticas y representantes del anexo Cancate, perteneciente a la Comunidad Campesina Cahuide, provincia de Santiago de Chuco, región La Libertad, así como a representantes de los sectores Energía y Minas, Ambiente, Interior y Policía Nacional del Perú.

La cita tuvo como finalidad identificar riesgos, fortalecer la protección del recurso suelo y promover acciones coordinadas que garanticen la sostenibilidad de la producción agrícola y el desarrollo territorial.

Durante su intervención, el congresista Kamiche sostuvo que es urgente crear una Superintendencia de Formalización Minera que permita regular de manera clara y firme tanto la minería formal como la informal, delimitando responsabilidades y fortaleciendo la fiscalización.

Señaló que, mientras el Gobierno Regional y el MIDAGRI se declaran sin capacidad de actuar en temas de competencia, no existen informes técnicos serios sobre impacto ambiental, contaminación, estudios de suelos ni afectación a los productos agrícolas, lo que mantiene a las comunidades en un estado de abandono e improvisación.

Asimismo, advirtió que la ausencia de planificación y de una política de Estado integral genera un escenario de riesgo permanente: conflictos sociales, violencia, daños a la salud por metales pesados y criminalización de las poblaciones que reclaman sus derechos.

Enfatizó que no se trata solo de un problema policial o minero, sino de una falla estructural del Estado, marcada por la falta de inteligencia, planificación y continuidad institucional.

AMENAZAS

Por su parte, Santos De la Cruz Siccha, representante del anexo Cancate, afirmó que la comunidad es netamente agrícola y se dedica a la producción de tubérculos, granos, cereales y frutales.

Informó que cuentan con un tractor obtenido por la Asociación de Productores de Cancate y con un reservorio de agua en construcción, lo que evidencia su apuesta por el desarrollo productivo.

Sin embargo, denunció que desde el año 2020 vienen siendo afectados por actividades mineras que exceden el marco de la minería artesanal, generando contaminación de la cabecera de cuenca del río Santa, que abastece al proyecto Chavimochic.

También alertó sobre daños a los caminos vecinales, contaminación de pastos, muerte de animales y afectación directa a los alimentos que consume la población.

Desde el Ministerio de Energía y Minas, Yuri Pinto Ortiz, director de Gestión Ambiental de Minería, indicó que es necesario acelerar la regulación de los títulos de concesión para garantizar orden, transparencia y seguridad jurídica, incorporando un componente firme de fiscalización y sanción.

Remarcó que el problema está directamente vinculado al derecho de propiedad y que es indispensable la participación activa del Ministerio del Ambiente para esclarecer los daños ambientales existentes.

En esa misma línea, el viceministro del Ambiente, Vicente Espinoza Villanueva, reconoció que la afectación ambiental en Cancate es real y está debidamente sustentada. Añadió que existe una contradicción normativa, ya que, aunque se admite de que se trata de una zona de riesgo, la legislación vigente permite que las actividades continúen.

Indicó que el instrumento de gestión ambiental que se encuentra en revisión debe trabajarse con rigor para evitar que la regularización se convierta en una legalización del daño ambiental.

Desde el Ministerio del Interior, Reymundo Ferreyra Alejos, especialista en Gestión Social de la Dirección de Gobierno Interior, explicó que su despacho articula acciones con la Policía Nacional, la Dirección de Inteligencia, la Dirección contra el Crimen Organizado y la Dirección General de Orden Público.

Indicó que brindan servicios directos como el otorgamiento de garantías personales y servicios indirectos mediante el reporte de situaciones de riesgo por parte de autoridades políticas.

Asimismo, remarcó la importancia de que el caso sea elevado al Comité de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales de La Libertad, presidido por el prefecto regional, donde participan todas las entidades del Estado competentes.

El mayor PNP Guillermo Cabrera Hurtado afirmó que la Policía actúa dentro de sus competencias y que existe total disposición para recibir información de la comunidad con la debida reserva.

Señaló que toda denuncia debe ser canalizada, ya sea por la vía penal, administrativa o de inteligencia, y que, si bien Cancate es una zona agrícola, podrían existir delitos conexos que sí son de competencia directa policial.

Finalmente, ratificó la voluntad de trabajar de manera coordinada con la población y las autoridades.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL