Puerto Maldonado, 9 (CR).- Los principales problemas que enfrenta la región de Madre de Dios son los cortes injustificados del servicio de telefonía, el mal uso de la red de alcantarillado, el alto costo del combustible, así como un mal servicio de las entidades financieras en esta ciudad, dijeron los pobladores, durante una audiencia pública que se realizó hoy en Puerto Maldonado.

Este encuentro con los ciudadanos fue organizado por la Comisión de Defensa del Consumidor que preside el congresista Juan Carlos Gonzales Ardiles, denominado “Problemática del usuario de los servicios públicos de la región de Madre de Dios”.

Participaron funcionarios de Osinergmin, Osiptel, Sunass e Indecopi, quienes informaron sobre la atención que ofrecen estas instituciones en la región, pero también sobre los problemas de los servicios públicos que enfrenta esta zona y que aún subsisten.

El congresista Juan Carlos Del Águila, al intervenir, lamentó que el presupuesto que fuera aprobado por el Congreso – en el cual se aumentaron los montos presupuestales para las regiones, no hayan revertido ni reflejado en la mejora de los servicios. Se sigue concentrando la mayor parte en la capital y el Gobierno tiene que disponer en qué invertir.

Por su parte, el parlamentario Carlos Tubino expresó su malestar por el gran problema que enfrenta la Amazonía en  el cobro del IGV  de aquellas empresas que no están establecidas en las zonas. Dijo que esto se da porque el Gobierno así lo ha establecido a través de una norma.

Por ello, Modesto Figueroa presentó un proyecto de ley sobre la exoneración del IGV para la Amazonia y esta iniciativa ya se encuentra en la Comisión de Economía. «Espero que en la próxima legislatura se apruebe», indicó el congresista representante de la región.

Por su parte Rocío Rivera Condori, jefa de la oficina regional de Osiptel, indicó que en la actualidad existe una brecha en el servicio de calidad como en la  interrupción de llamadas y el servicio de internet, que es lento porque existen solo 121 estaciones base. Dijo que se estima que para el 2021 se tengan 216 estaciones y para ello se requiere una inversión de 19 millones de dólares.

José Heredia Vílchez, especialista en Supervisión de la gerencia de Sunass, refirió que la cobertura del área rural ha sido encargada a la empresa Emapat; sin embargo, en las zonas rurales no hay nadie quien regule la calidad del servicio. Dijo que a través del Decreto legislativo 1280 y el Decreto Supremo 019 se encargará la Sunass de la supervisión. El funcionario señaló que existe un problema presupuestal para poder asumir esa responsabilidad.

PRENSA CONGRESO