La Comisión de Economía, Banca e Inteligencia Financiera, presidida por la legisladora Mercedes Aráoz Fernández (PPK), en su sesión del viernes 9,  aprobó el proyecto de ley  (Nº 977/2017)  enviado por el Banco Central de  Reserva (BCR) que propone que sus  funcionarios y personal no se encuentren bajo el ámbito del régimen de la Ley Servir.

La medida también alcanza a funcionarios y personal de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y Asociaciones Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

El objetivo del BCR es mantener  la autonomía de esas instituciones, precisando que realizan labores  particulares y especializadas.

La iniciativa de ley sostiene que los trabajadores del BCR tienen un régimen legal especial en materia laboral y no se encuentran comprendidos por las normas que regulan la gestión y recursos humanos que rigen para el sector público.

Tambien argumenta que corresponde al Directorio del BCR aprobar la política de gestión de recursos humanos que comprende su planificación, organización interna, régimen disciplinario y la gestión del empleo, capacitaciones, compensaciones, entre otras.

El BCR fundamenta su propuesta en el amparo de la Constitución que establece su autonomía dentro de su Ley Orgánica mediante la cual se rige.

El legislador Víctor Andrés García Belaunde fustigó dicha iniciativa afirmando que si bien es cierto tiene autonomía de gestión técnica, no puede contemplarse un Estado dentro de otro.

Asimismo, sostuvo que la autonomía de estas instituciones no es buena, especialmente BCR y SBS, que  solo ha servido para que se aumenten sueldos de manera exagerada.

 En contraparte se preguntó por qué estas instituciones no hacen nada para controlar los interese del 200 y 300 % que se cobra en la banca comercial,  en préstamos y tarjetas de crédito, por qué no ponen topes si están facultados para ello, dijo.

Porqué se permite –añadió- que el dinero de todos los peruanos manejados por las AFP se invierta en empresas que presentan serios problemas como es el caso de Odebrecht y Graña y Montero.

García Belaunde pidió un cuarto intermedio para recibir al presidente de Servir, pero por votación mayoritaria no fue aceptado.

El legislador Alberto Quintanilla, sostuvo que eximir a una u otra institución del alcance de la Ley Servir, es perforar la ley que intenta ordenar a la administración pública.

De la misma forma, Economía aprobó el Proyecto de Ley (Nº 626/2016-CR) que  establece ‘Alertas Educativas’ para las Micro y Pequeñas Empresas MYPE.

También acordó invitar al Ministro de Trabajo para que explique los alcances de la ley que promueve la contratación formal de los jóvenes. (EPA)

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