La Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria debe, a la brevedad posible, dictaminar el informe correspondiente del caso del congresista Moisés Mamani Colquehuanca (FP) porque su demora afecta la imagen del Parlamento y desestabiliza el proceso democrático en el país.

      Así coincidieron en señalar los congresistas Alberto Quintanilla (NP) y César Vásquez (APP) en la sesión que realizó ese grupo de trabajo que preside la congresista Luciana León Romero (CPA), en la cual ejerció el derecho a la legítima defensa el representante puneño y su abogado, Alberto Bautista Merino.

    Quintanilla manifestó que mientras más se demoraba el caso, el más afectado será el país porque este es un caso que no solamente ha causado gran rechazo en Puno, sino en todo el país en el que se han realizado marchas de protesta contra el parlamentario que está acusado por toques indebidos en perjuicio de una aeromoza de una línea comercial aérea.

     Vásquez anotó que la situación del congresista Mamani era delicada y que seguramente se le levantará la inmunidad parlamentaria. Ambos señalaron que votarán a favor del informe que emita la presidencia de la Comisión.

    También fustigaron al abogado Bautista Merino, quien aceptó ser empleado del despacho del congresista Mamani, y que había pedido licencia por un día para ejercer la defensa del cuestionado parlamentario.  Vásquez consideró que “esa mentira nadie se la va a tragar, porque se estaba está actuando mal”.

      Quintanilla fue más duro y le dijo a Bautista que el Estado le paga para que cumpla sus funciones en el Congreso, y no para que se dedique a defender casos privados. “Usted no debe trabajar aquí”, sentenció.

    Bautista Merino, durante su defensa, pidió que la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad Parlamentaria debería devolver el cuadernillo remitido por la Corte Suprema de la República, porque contiene vicios procesales garrafales y no contener toda la documentación que debería tener un expediente válido dentro del debido proceso. Anotó que la Corte Suprema resolvería el problema en cinco días.

     La presidenta de la Comisión, Luciana León Romero, señaló que todo se hará dentro de los términos legales y subrayó que su grupo de trabajo evalúa los actuados y determina que solo exista motivaciones de carácter legal y no de índole política, racial, religiosa o de otra naturaleza discriminatoria.

     Informó que el martes 5 de este mes se realizará una sesión para ver el caso del congresista Edwin Donayre (APP).

PRENSA-CONGRESO

1-02-19