La congresista María Soledad Pérez Tello (PPC-APP) señaló que debe corregirse el presupuesto que se asigne para el próximo año a la lucha contra la explotación de personas, en particular en zonas de frontera y mejorarlo en proporción a lo que se designa a la seguridad ciudadana.

“Esta es la clave en el combate contra este flagelo que tiene como víctimas a hombres y mujeres, niñas y adolescentes, que se llevan a zonas alejadas con engaños, aprovechándose de sus necesidades”, expresó.

Dijo que en la elaboración del presupuesto que se aprobará en noviembre próximo, debe considerarse que el Estado se enfrenta a un delito que se encuentra en tercer, cuarto y en algunos casos el segundo más rentable, después del narcotráfico y el tráfico de armas, que están vinculados al crimen organizado.

En ese sentido, sostuvo que estos delitos deben tener una asignación presupuestal proporcional al tipo de delito que se tiene que enfrentar, para lo cual se tiene que establecer partidas específicas a nivel de la fiscalía y gobiernos locales.

Pérez Tello indicó que el Estado debe hacerse cargo de este tipo de delito y en lo que compete el Poder Ejecutivo, el Ministerio del Interior.

La parlamentaria hizo estas afirmaciones con ocasión de presentar el video “Se necesitan víctimas: tras la ruta del oro y la explotación, de Cusco a Madre de Dios”, preparado por la ONG CHS Alternativo, fruto de una investigación en la ruta 3 Cusco-Madre de Dios.
En el documental se presentan imágenes y testimonios de funcionarios, extrabajadores, mineros, propietarios de bares y de las víctimas sobre los acontecimientos en ese tramo de la carretera Interoceánica, desde las provincias altas del Cusco hasta los campamentos mineros informales e ilegales de Madre de Dios.
El video muestra cómo hombres y mujeres, en especial niñas y adolescentes, los sectores más vulnerables, son captados con ofertas laborales engañosas y trasladarlos después, desde el Cusco a Madre de Dios, a bares, cantinas y prostíbulos en la zona denominada La Pampa.
La presidenta de CHS Andrea Querol, dijo que en este tipo de explotación concurren varios factores, además del crimen organizado, la vulnerabilidad de las víctimas por la pobreza en que viven, la informalidad e ilegalidad existente, la corrupción y la ausencia del Estado.
Ricardo Valdés, consejero de la ONG, dijo que el caso es doloroso pero que CHS y 120 organizaciones de la sociedad civil se sienten agradecidos al Congreso, a través de la legisladora Pérez Tello, por poner en evidencia un delito tan execrable como la trata de personas y que puede contribuir a su prevención.

PRENSA-CONGRESO*

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