Hay que trabajar por el perfeccionamiento de las leyes para que haya armonía entre las normas, se evite que unas debiliten a las otras y dar lugar diferentes interpretaciones, como ocurre con la ley de áreas naturales protegidas, dijo el congresista César Villanueva (APP), presidente de la Comisión Investigadora Multipartidaria para determinar las responsabilidades por los derrames de petróleo ocurrido en el Oleoducto Nor Peruano.

Villanueva afirmó hay normas que no son suficientemente sólidas y por eso la necesidad de un proceso de perfeccionamiento. Comentó que algunas leyes impiden la sanción a las empresas que no cumplen con el  mandato legal de cautelar por la defensa del medio ambiente y contra la contaminación.

Sostuvo que, en general, se tiene que trabajar en distintos niveles institucionales porque, de lo contrario, seguirán ocurriendo casos en medio de un ambiente de caos y “jugando al gran bonetón para saber quién es el responsable”.

En la sesión de ese grupo de trabajo realizado el miércoles 19, asistió, en nombre del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera Paz, para exponer  sobre la defensa de las personas afectadas por los derrames de petróleo en el Oleoducto Nor Peruano: Caso Cuninico.

Indicó que la jueza que vio el caso dictó medidas cautelares y exigió al Ministerio de Salud que diseñe en un plazo de 30 días un plan de salud para la población de lugar. “Ha pasado el tiempo y ese portafolio no ha hecho nada”, manifestó.

El director ejecutivo del IDL señaló que lo que tienen que hacer las autoridades es realizar un examen toxicológico y epidemiológico a los pobladores de la comunidad nativa Cuninico, en el distrito de Urarinas, provincia y región de Loreto, lugar del derrame de aproximadamente tres mil barriles de petróleo en junio del 2014.

En este punto de la exposición, la congresista María Elena Foronda (FA), presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Ambiente y Ecología, preguntó si Petroperú tiene una estrategia de remediación y  un diagnóstico claro de las consecuencias ocurridas allí con el derrame.

Asimismo,  se pronunció sobre la necesidad de que se investigue no solo a Petroperú, sino a las otras empresas operadoras.

Igual preocupación expresó el congresista Armando Villanueva (AP), quien pidió la convocatoria de los apus de la región, quienes son los personajes que conocen más de la realidad en sus zonas.

Rivera Paz informó que la empresa no cumplió con las medidas correctivas que tenía que aplicar y fue multada con diez millones de soles. Para el especialista, Petroperú no controló a tiempo  la situación, no realizó el mantenimiento necesario, hubo daños reales y potenciales a la vida y a la salud y no descartó que el accidente haya sido producto de un sabotaje.

En representación de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, Carol Mora Paniagua, descartó la necesidad de actualizar el Programa de Adecuación y Manejo ambiental (PAMA), sino crear  un instrumento de gestión.

“El PAMA diferencia entre el daño real y el potencial. El primero es sancionable porque es el perjuicio en el momento, el segundo no, a pesar de que el daño se puede ver más adelante. En realidad solo conduce a la impunidad”, señaló.

También hicieron lo propio trabajadores integrantes de la Coalición Nacional de Sindicatos de Petroperú encabezados por su presidente, Juan Castillo More.

El dirigente acusó que había una campaña en contra Petroperú para conducirla hacia la privatización por parte de sectores interesados. Este grupo solicitó una próxima convocatoria para ampliar su exposición, lo que les fue concedido.

“Aquí no somos anti-inversionistas, anti comunidades nativas, anti Petroperú. Somos una comisión que está trabajando con la mejor disposición por el bien del Perú, expresó el titular de la comisión Villanueva Arévalo. (MED)

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