La presentación obligatoria de las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas de los servidores públicos y la norma legal que establece que no resulta exigible la conciliación extrajudicial a las acciones legales indemnizatorias ejercidas por la Contraloría General de

la República son dos de las leyes vigentes que fueron discutidas y aprobadas por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso en la primera legislatura ordinaria del Año Parlamentario 2016-2017. 

Ambas proposiciones legislativas fueron solicitadas por el ente contralor al Congreso de la República y actualmente están vigentes con las numeraciones 30521 y 30514, respectivamente. 

Actualmente está en trámite de promulgación por parte del Poder Ejecutivo una tercera propuesta legal aprobada por la Comisión de Justicia y ratificada por el Pleno del Congreso. Es aquella que modifica la Ley 30077, ley contra el Crimen Organizado, respecto a la competencia de los juzgados penales nacionales en la sala penal  nacional en los delitos contra la administración de justicia.

BALANCE

Según el balance proporcionado por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, durante el período legislativo agosto-diciembre se ha aprobado ocho dictámenes -los cuales se encuentran pendientes de ser considerados en la agenda del Pleno del Congreso- ocho fueron retirados, cuatro resultaron desaprobados y hay tres proposiciones legislativas pendientes de discusión en el seno de ese grupo de trabajo. 

Los dictámenes aprobados por la Comisión de Justicia -y que serían vistos en la segunda legislatura ordinaria que empieza el próximo 1 de marzo del 2017- están referidos a distintos temas. Por ejemplo, el que faculta a los notarios a celebrar matrimonio civil y el que señala  las formalidades y requisitos que deben cumplir los representantes del Estado Peruano para ser propuestos a cargos ante las cortes internacionales u organismos internacionales que imparten justicia supranacional. 

También está lista para discutirse en el Pleno la propuesta que incluye el valor del aporte del trabajo no remunerado de cuidado de niños/niñas, y en general del conjunto de actividades domésticas que se realizan en el hogar para el sustento de las familias -sea a tiempo completo o a tiempo parcial- en las resoluciones judiciales sobre pensiones alimentarias y el que propone incorporar el numeral 3 del artículo 57 del Código Penal (Decreto Legislativo 635) para fijar la inaplicabilidad de la suspensión de la ejecución de la pena en el caso de lesiones leves causadas por violencia familiar contra la mujer, cuando el agresor condenado vuelva a cometer este delito. 

IMPRESCRIPTIBILIDAD

La imprescriptibilidad de los delitos contra el patrimonio del Estado y los delitos de corrupción cometidos por funcionarios y servidores públicos es otro de los dictámenes aprobados de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y a éste se han aprobado y acumulado dos proyectos de ley presentados por  Gílbert Violeta (PPK), quien plantea modificar los artículos 41 y 139 de la Constitución; y el de Yonhy Lescano (AP), que propone corregir 11 artículos de la Carta Magna para fortalecer la lucha contra la corrupción. 

Igualmente está listo para debatirse y votarse en el  Pleno el dictamen que propone declarar de interés nacional y necesidad pública la implementación de las Reglas de Brasilia, a fin de facilitar el acceso a la usticia de las personas en condición de vulnerabilidad aprobadas en la

XIV Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana realizada en Brasilia (Brasil) los días 4, 5 y 6 de marzo del 2008. 

Hay tres propuestas legales pendientes de dictamen en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos: el que plantea la realización de la prueba psicológica como requisito para contraer matrimonio; el que propone regular el nacimiento confidencial y ampara al expósito; y aquel que propone modificar varios artículos del Código Penal con la finalidad de mejorar la comisión de los delitos de feminicidio, lesiones graves, lesiones leves y otros. 

Durante las sesiones de trabajo de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que preside Salvador Heresi (PPK), se presentaron la ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, el ahora expresidente del Poder Judicial, Víctor Ticona; el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde;el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Águila Grados y el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho, para rendir informes sectoriales. (JSR).

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