Los congresistas pertenecientes a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología y a la Comisión Especial de Cambio Climático realizarán una sesión extraordinaria y conjunta este sábado 22 -a las 10 de la mañana- para examinar y determinar las responsabilidades por el reciente derrame de petróleo ocurrido en el mar de Ventanilla y que traído consigo un grave daño a dos reservas naturales protegidas.

Tal fue el acuerdo que resolvió la Comisión de Pueblos Andinos que preside Margot Palacios Huamán, de Perú Libre, ante la emergencia ambiental que se afronta desde el pasado sábado 15 por el vertido de seis mil barriles de crudo en un terminal de la refinería La Pampilla, operada por Repsol y que se extiende en la costa central de nuestro país.

La titular de la Comisión Especial de Cambio Climático, Heidy Suárez, de Alianza para el Progreso, confirmó la realización de la sesión conjunta y aseveró que será la oportunidad para saber qué acciones están realizando las autoridades de los ministerios de Ambiente, Energía y Minas y de Defensa así como de las entidades técnicas estatales que correspondan respecto a este incidente registrado el último fin de semana en la playa Bahía Blanca, en Ventanilla (Callao).

A esta sesión conjunta se espera la participación de los representantes de la empresa petrolera Repsol, indicó la legisladora Juárez.

El siguiente tema de la Comisión de Pueblos Andinos fue el repaso de tres conflictos sociales: el de la comunidad campesina de Parán (Huaura, Lima) y la empresa Invicta Minera Corp que se arrastra desde el 2018; el de los pobladores de Honoria contra la empresa Refinca-Bosques Silvestres S.A.C.y el que protagonizan los pobladores de San Juan de Pumayacu (Ucayali), contra la empresa Refinca.

Para ello fue invitada la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, quien -respecto al primer caso- informó que a raíz de la paralización de las operaciones de extracción de oro, existe ahora minería ilegal. “Recomendamos la intermediación del Ministerio de Energía y Minas para cerrar la Unidad Minera Invicta ante posibles riesgos ambientales”, dijo.

Respecto al caso de Honoria, manifestó que se espera el pronunciamiento del gobierno regional de Huánuco para atender los pedidos del frente de defensa, mientras que para resolver los reclamos de los pobladores de San Juan de Pumayacu recomendó que el Tribunal Registral dicte su veredicto.

“En ningún caso se han dado directiva para reprimir los tres conflictos mencionados. Priorizamos el diálogo”, indicó la vocera del Poder Ejecutivo en la sesión de la comisión parlamentaria.

OFICINA DE COMUNICACIONES