No habría consenso en las bancadas parlamentarias para la aprobación del proyecto de ley que propone mantener en sus funciones a los rectores de las universidades hasta el cumplimiento de su mandato, contraponiéndose a lo que establece la nueva Ley Universitaria que fija el 31 de diciembre como fecha límite para que esos claustros superiores elijan democráticamente a sus autoridades.

Esto se desprende después de dialogar con distintos parlamentarios, quienes señalaron que la llamada “ley Cotillo” sería archivada porque el instrumento legal universitario es constitucionalmente válido.

Lo establecido por la Ley Universitaria fue dado a conocer públicamente por el Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), que fija el 31 de diciembre de 2015 como fecha máxima para que las universidades públicas autorizadas aprueben sus nuevos estatutos y elijan y designen a sus nuevos rectores, vicerrectores y decanos.

Cristóbal Llatas Altamirano (NGP), integrante de la comisión de Educación, consideró que la propuesta tiende a sabotear la implementación de la nueva Ley Universitaria, acción que es comandada por un grupo de rectores que buscan beneficios personales y no les interesa la comunidad universitaria y, por ende, la educación de calidad en el Perú.

Opinó que la Junta de Portavoces no debió, lamentablemente, diferir que se vea el proyecto hasta dentro de dos semanas porque eso dilata el tratamiento de un punto muy importante como es la educación universitaria.

Estimó que el Pleno debería decidir que esa iniciativa pase a ser debatido en la Comisión de Educación y después que lo analice, determine su archivamiento.

Llatas anotó que los rectores presentan una serie de argumentos y alegatos infundados que ni siquiera han sido tocados por el Tribunal Constitucional que solo ha precisado que se concede cinco años para que el docente que no tenga maestría ni doctorado lo haga a partir del día siguiente de la publicación de la sentencia.

“Ese proyecto no tiene razón de ser ante un hecho inevitable como es la vigencia de la Ley Universitaria, que es constitucionalmente válida y que busca mejorar la calidad de la educación”, expresó.

Por su parte, Enrique Wong Pujada (SN) señaló que su bancada ya determinó rechazar el proyecto y respaldar las normas establecidas en la nueva Ley Universitaria. “Creo que es una propuesta que ha nacido muerta porque tiene el rechazo generalizado”.

“Nosotros, prosiguió, no podemos actuar de espaldas al pueblo y menos de la juventud que ha marchado en masa solicitando el rechazo de la propuesta y exigiendo el cambio de las autoridades universitarias”.

Agregó que es muy probable que los rectores que propugnan la aprobación del proyecto estén buscando intereses personales “en lugar de cumplir la ley y reformar los estudios universitarios”.

Néstor Valqui (FP) informó que su bancada ha escuchado a los rectores que respaldan la denominada “ley Cotillo” y han valorado sus diferentes argumentos, los cuales han sido convincentes “por lo que apoyaremos el proyecto de ley”, aseveró.

Se solicitó la opinión de representantes de DyD, AP-FA y Concertación Parlamentaria (CP) pero se abstuvieron de ofrecerlas manifestando que tendrán reuniones para tomar decisiones sobre ese punto. Los integrantes de CP, en donde están los representantes apristas, habrían decidido no apoyar el proyecto que busca la permanencia de los rectores en sus cargos, según expresó un miembro de la bancada. (jon)

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