Los juristas Raúl Ferrero Costa, Oscar Urviola Hani y Aníbal Quiroga León coincidieron en que otros organismos constitucionales no tengan injerencia y participación en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional-TC, sino que sea el Congreso, “representado por la votación del pueblo”, el único ente que elija a los magistrados del máximo intérprete de la Constitución.

Los también miembros del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento, que preside Omar Chehade Moya (APP), opinaron este martes 27 sobre los proyectos de ley que proponen modificaciones a las reglas para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional.

Además, concordaron que la Comisión Especial esté integrada por un representante de cada grupo parlamentario y que las sesiones sean públicas con la participación de instituciones, pero sin ninguna injerencia porque se estaría restándole la participación del Congreso.

El constitucionalista Raúl Ferrero Costa se mostró a favor que el Congreso sea la única institución, representada por todos los grupos parlamentarios, que elija a los miembros del TC, sin ninguna participación de otras instituciones, por ser un Parlamento elegidos por el pueblo. Además, propuso que solo haya un solo reglamento para la elección de estos altos funcionarios.

“Haría una reflexión a todos ustedes con mención a la participación de la Defensoría del Pueblo y de la Contraloría de la República como colaboradores en la evaluación de los candidatos en sus distintas etapas y en la resolución de tacha. No olvidemos que los congresistas son nuestros representantes de la población, o sea el pueblo está representado en el Congreso y los únicos que tiene esta facultad para decidir son los congresistas. La participación de otras instituciones puede afectar la voluntad de los congresistas que es la voluntad del pueblo.”, expresó.

Igual opinión tuvo el jurista Oscar Urviola Hani, y concordó que la comisión especial esté integrada por todos los grupos parlamentarios que están representados en el Congreso, y que las sesiones deben ser públicas. Agregó, que el Congreso de la República debe cumplir con esa función con la exclusiva responsabilidad que debe asumir sin la intervención de otros organismos constitucionales.

“Yo considero que es inapropiado que se le someta al Congreso a las observaciones y además as la participación de organismos que tiene sus propias funciones. En cierta forma, es un mal mensaje para la ciudadanía respecto a la importancia y responsabilidad que debe asumir el Congreso. Si el Parlamento acepta esta propuesta, yo creo que se estaría admitiendo que el Congreso no es capaz, por si solo, de cumplir con esta importante labor. Me parece que esta disposición es totalmente inapropiada”, sostuvo.

Por su parte, el constitucionalista Aníbal Quiroga León dijo que la fórmula más adecuada para elegir a los miembros del TC es aquella que nos lleve a seleccionar a los mejores juristas del país.

“No necesariamente tiene que ser experto en derecho constitucional, porque si tal fuera la cosa, si se exigiera maestrías en derecho constitucional, derechos procesales constitucionales o derechos humanos, y como profesor de universidad, puedo decir que no hay esas maestrías y por lo tanto el universo se cerraría enormemente”, señaló.

Propuso que deben excluirse todas las instituciones que no pertenecen al Congreso, según explicó, no genera un mejor resultado al momento de la elección de estos altos funcionarios. “Yo creo que el Congreso debe hacer un proceso de selección transparente, público y abierto con una veeduría de la sociedad civil y medios de comunicación, pero convocando a los mejores juristas”, indicó.

SUSTENTACIÓN
Previamente, el parlamentario Luis Roel Alva (AP), sustentó su proyecto de ley que modifica los artículos 8 y 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional sobre la elección por concurso público de méritos de los magistrados del TC

Indicó que el Pleno del Congreso designa una Comisión Especial, la cual estará integrada por un representante de cada grupo parlamentario, para encargarse de conocer y dirigir el procedimiento de elección de magistrado del Tribunal Constitucional.

“Las sesiones de la Comisión Especial serán públicas y contarán con la participación de la Defensoría del Pueblo y de la Contraloría General de la República, quienes colaborarán con la Comisión Especial en la evaluación en las diferentes etapas del procedimiento y en la resolución de las tachas a través de informes técnicos según sea el caso”, expresó.

lIMA, 27 DE MAYO DE 2020

PRENSA – CONGRESO