La Junta de Portavoces del Congreso priorizó el debate de diversos dictámenes de proyectos de ley en las sesiones plenarias que se realizarán este miércoles 19 y jueves 20 de noviembre.

Este órgano parlamentario sesionó este mediodía con la conducción del primer vicepresidente encargado de la Presidencia del Congreso, Fernando Rospigliosi Capurro.

Entre los temas priorizados, a solicitud de cada uno de los directivos portavoces, está el dictamen del Proyecto de Ley (PL) 6611 que propone la Ley que establece una tasa especial del Impuesto General a las Ventas, denominada «recorte tributario», a favor de las micro y pequeñas empresas dedicadas a las actividades de peluquería y otros tratamientos de belleza; el PL PL 1368 que plantea la ley que promueve la contratación laboral, en el sector privado, de mujeres víctimas de violencia

Además, el PL 6700 que propone la Ley que modifica la Ley 30220, Ley Universitaria, para incorporar al jefe de práctica en la carrera docente universitaria y disponer su nombramiento excepcional, y regular la promoción del docente universitario; el PL 11339 que plantea la Ley que modifica la Ley 32190, Ley que crea el registro único consolidado de personas afectadas por derrames o fugas de hidrocarburos, respecto al ámbito de aplicación del registro; y el PL 12630 que propone la Ley que autoriza una nueva escala remunerativa para el personal de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), sujeto al régimen laboral del Decreto Legislativo 728, Ley de Fomento del Empleo.

De igual forma está el PL 9900 que propone la Ley que declara de necesidad pública e interés nacional el asfaltado, mejoramiento, ampliación, construcción y ejecución de las vías, corredores troncales y carreteras en los departamentos de Apurímac, Arequipa, Lima, La Libertad, Loreto, San martín y Ucayali; el PL 11186 que plantea la Ley que declara de interés nacional la creación del corredor económico Chancay-Loreto-Brasil.

Así mismo, el PL 10884 que propone la ley que autoriza el nombramiento excepcional y por única vez del personal de la salud profesional, técnico y auxiliar asistencial contratado bajo el régimen del Decreto Legislativo 1057 que regula el régimen especial de Contratación Administrativo de Servicios, antes de la emergencia sanitaria covid-19, que pasaron a laborar como CAS (COVID), que a la fecha son CAS indeterminados por reasignación – CAS 1057, y el PL 193 que plantea la ley de reforma constitucional que modifica el artículo 101 e incorpora los artículos 65-a, 65-b y 65-c a la Constitución Política del Perú, para designar al Instituto de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) como organismo constitucional autónomo.

A su vez, el PL 6678 que propone la ley que otorga una asignación temporal al personal administrativo de la educación básica y de la educación técnico-productiva, según la ubicación de la institución educativa; el PL 3322 que plantea la ley que modifica el Decreto Legislativo 1411 que regula la naturaleza jurídica, funciones, estructura orgánica y otras actividades de las sociedades de beneficencia— a fin de fortalecer la institucionalidad de dichas sociedades y garantizar su gestión eficiente; y la moción 20425 que propone crear una comisión investigadora multipartidaria, encargada de investigar por un plazo de 120 días hábiles, el Seguro Social -EsSalud, a efectos de poder realizar una evaluación integral a esta entidad y recomendar las sanciones políticas, civiles, penales y administrativas de los que resulten responsables en defensa del derecho fundamental de la vida y la salud de los más de 12 millones de pacientes asegurados de nuestro país, entre otros temas.

SESIÓN SEMIPRESENCIAL

Previamente, la Junta de Portavoces acordó, por mayoría, que será semipresencial la sesión plenaria de este miércoles 19 (15:00 horas) en la que se debatirá y votará el informe final de la Denuncia Constitucional 351 que concluye acusar por infracción constitucional a la exministra Betssy Chávez Chino por su activa participación en la ejecución de acciones previas y posteriores, así como durante el inconstitucional e ilegal golpe de Estado, realizado el 7 de diciembre de 2022.

El referido informe final también propone, de acuerdo con lo establecido en el artículo 100 de la Constitución Política, imponer a la expresidenta del Consejo de Ministros del gobierno del encarcelado Pedro Castillo la sanción de inhabilitación por diez años para el ejercicio de la función pública por la infracción de los artículos 38, 39 y 45 de la Constitución Política del Estado.

Cabe indicar que la Denuncia Constitucional 351 fue interpuesta por la congresista Patricia Chirinos Venegas (Renovación Popular).

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL