La Comisión de Justicia y Derechos Humanos aprobó, por mayoría, el dictamen que plantea el establecimiento de criterios de valoración que debe considerar el juez al momento de la determinación del monto de la reparación civil.

Los jueces tendrán la obligación de tomar la determinación de cuánto debe ascender la reparación civil a favor del agredido y que, para ello, se propone la modificación del Código Penal y el Código de Procedimientos Penales.

La presidenta de la comisión, Leslye Lazo Villón (AP), dijo que el proyecto de ley, de autoría de la congresista Nelly Huamani Machaca (Frepap), sufrió algunas modificaciones, pero respetó el espíritu de la iniciativa.

Señaló que en la actualidad las reparaciones civiles que se aplican no guardan proporcionalidad con el daño ocasionado, debido a que muchas veces los jueces penales no tienen la responsabilidad civil y se rigen por el articulado procesal penal y por el Código Civil.

La propuesta fue aprobada por mayoría con once votos a favor y tres abstenciones.

TITULAR DEL PODER JUDICIAL

La Comisión de Justicia recibió, de manera virtual, a la presidenta del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, Elvia Barrios Alvarado, a fin de que exponga sobre numerosos temas relacionados a su sector.

Dijo que, en el marco del Plan Estratégico Institucional 2020-2030, se ha implementado en forma progresiva herramientas de modernización como el expediente electrónico y el judicial electrónico, y que a diciembre del 2020 son 193 órganos jurisdiccionales a nivel judicial que cuentan con estos instrumentos.

Así también, durante la emergencia nacional, se implementó medidas como el trámite de expedientes en forma remota, audiencias en forma virtual, la mesa de partes electrónica y están avanzando en la digitalización de los expedientes físicos.

De igual manera, entre otros, el programa El Juez Escucha para que los reos se puedan comunicar con los jueces, se ha implementado las casillas judiciales en donde estos están en obligación de registrar el sentido de la decisión del día en que la causa se vota.

De la misma manera, indicó que ha empezado el proyecto piloto para que las medidas precautelares y de protección sean notificadas a las comisarias respectivas a través de la vía electrónica.

Barrios indicó que se está implementando el Botón de Pánico, que es una APP en la que las víctimas de agresión severa puedan aplicar cuando el agresor no cumple las medidas de distanciamiento, iniciativa que en abril próximo regirá en todo el país.

La magistrada hizo un recuento cronológico de lo realizado en el 2020 con transparencia y modernidad, destacó la denuncias recibidas por violencia, en especial a Lima, que es la que más hechos registró.

Refirió que dadas las necesidades del sector tuvo que mantenerse para un grupo de servidores el trabajo presencial, lo que significó riesgo de contagio de COVID-19.

Informó que los expedientes suman un millón cien mil, además se ha reducido la producción de expedientes en un 53 % y que el flujo de ingreso de causas bordeó el 43 %.

“Cualquiera diría que estamos en la misma situación. No, estamos en peor situación en la medida de que nuestros recursos directamente recaudados han disminuido sensiblemente”, dijo.

De otro lado, pidió apoyo del Congreso para la aprobación de un proyecto de ley que se está preparando para optimizar la digitalización y la eliminación de archivos judiciales a fin de desocupar los inmensos ambientes llenos de expedientes históricos.

Barrios Alvarado también se refirió a la implementación de las Reglas de Brasilia para efectivizar el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, referido por el Proyecto de Ley 6236, de autoría del congresista Leonardo Inga Sales (Acción Popular).

Consideró que la aplicación de las Reglas de Brasilia, propuesta que fue aprobada en la Cumbre Judicial Iberoamericana del 2008, constituye un reto fundamental y plasma la efectividad plena de los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad, y que la aprobación del proyecto permitirá la incorporación de estas normas en el ordenamiento jurídico nacional.

En las casi cuatro horas de sesión, Barrios también se refirió sobre fallas en la referencia de los casos judiciales por parte del Inpe al Poder Judicial, lo que no permite un avance y acciones en contra del hacinamiento en los penales.

También, se pronunció sobre el caso del asistente judicial Donny Bill Heredia Sánchez, quien fue encontrado sin vida en un almacén de archivos en el área donde trabajaba. Dijo que el presunto suicidio es materia de investigación.

OFICINA DE COMUNICACIONES