El legislador Juan Pari Choquecota, presidente de la Comisión que investiga los presuntos casos de corrupción cometidos por las empresas brasileñas que habrían alentado actos de corrupción en funcionarios peruanos, denunció la escasa colaboración que recibe de instituciones gubernamentales como el Ministerio de Economía y Finanzas.
“Lamentablemente el MEF no responde a la solicitud de información que la comisión le ha solicitado hace 49 días. Ellos, por cuestión de transparencia, deberían dar información que, por otro lado, no es más que información pública respecto a valores de factibilidad y valores referenciales que han manejado estas empresas, nada secreto”, acotó.
La Comisión ‘Lava Jato’, como también se le conoce, sesionó hoy martes 5 en reserva; en esta oportunidad no contó con invitados.
Según lo anunció Pari en la sesión se priorizaron los proyectos en los que los que se va a centrar la investigación. “Consideramos que son 9 los más relevantes que están bajo sospecha: uno es el Gaseoducto Sur que es el de mayor monto, otros son el Plan de Acción de Infraestructura Sudamericana IIRSA Norte, Centro y Sur, y proyectos como Huachipa y Olmos.
Para ello, afirmó que se ha buscado indicadores claros como la variación del presupuesto con el que se inicia y con el que terminó. Modalidades de contrato, si estos fueron sometidos a la reglas del SEACE o no, si fueron sometidos a mecanismos de exoneración de procesos o hubo exoneraciones de procesos. Todo un conjunto de cosas que se han permitido en el país.
Citarán a funcionarios
El legislador comentó que los elementos que se investigaron en Brasil son pistas que permitirán aquí, en el país, determinar cómo se manejaron las cosas y cuál fue el nivel de compromiso de los funcionarios de alto nivel.
Esta semana serán citados los funcionarios comprometidos con el proyecto IIRSA y posteriormente los que actuaron en el caso del Gaseoducto Sur.
Pari hizo referencia a los elementos que le fueron remitidos por la Contraloría General de la República, institución que ha realizado observaciones que permiten ver las formas cómo funcionaron las empresas brasileñas en el país.
La Contraloría ha detectado figuras de sobrevaluación, incremento de contratos, lobby político, ‘puerta giratoria’ (modalidad que consiste en cumplir una función dentro de la empresa después de haber asumido trabajado en el Estado para favorecer desde allí a la empresa). “Este es un asunto repetitivo en casi todos los casos a los que ya le estamos siguiendo las pistas”, anunció.
Limitaciones
El legislador lamentó también que la comisión no tenga un plazo más amplio de investigación, ellos deben entregar su informe final a fines de marzo.
“Lamentablemente en el Perú tenemos muchas limitaciones. Tenemos un sistema jurídico que no nos ayuda, tenemos todo un sistema de defensa jurídica del Estado que no tiene ningún tipo de autonomía. Desde el Ejecutivo se nombra, evalúa y destituye – por ejemplo – a los procuradores públicos, por lo tanto tenemos a procuradores públicos del gobierno y no del Estado. Esto es una gran debilidad, porque el procurador tiene que investigar a un gobierno que lo va a evaluar y que lo puede destituir en cualquier momento, esa debilidad es sumamente fuerte”, comentó.
De igual forma, Pari sostiene que en el Congreso también hay tremendas debilidades como la falta de otra Cámara que revise el tema del presupuesto público.
“Cuando había la bicameralidad, había dos comisiones ordinarias bicamerales sumamente importantes: una que hacía el Presupuesto y la otra que lo evaluaba. Hoy esa comisión evaluadora ya no existe, se redujo a un grupo de trabajo cuyos informes se discuten en el Pleno del Congreso, pero no es vinculante, no sirve para nada”, según explicó.
En estos cinco años, tres Cuentas Generales han sido desaprobadas. ¿Pasó algo?, ¿sirvieron en algo para poder superar el tema del manejo presupuestal y financiero?, se preguntó.
Respecto a los tres candidatos presidenciales (García, Toledo y Pedro Pablo Kuczynski) que cumplieron funciones estatales en el tiempo de los proyectos que se investigan, Pari aclaró que la comisión no investiga a los gobiernos, sino todo el proceso de los proyectos que se ejecutaron en esos años.
Un presidente de la República es un funcionario de altísimo rango y si se decide que vengan a responder, lo deben hacer con la mayor transparencia y no refugiarse en acciones de amparo u otros elementos que les permitan tender un manto de impunidad, sino aclarar las cosas para el conocimiento de todo el país”, aseguró.
Según información que maneja la Contraloría y que fuera entregada en semanas anteriores a esta comisión, las empresas brasileñas habrían manejado más de 17 mil millones de soles en obras efectuadas en el país. (EPA)

PRENSA CONGRESO

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