El presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría, Juan Burgos Oliveros (PP), expresó su expectativa de que se apruebe el otorgamiento de facultades de comisión investigadora, en forma permanente, para citar de grado o fuerza a quienes se niegan a concurrir a las sesiones que convoque.

Burgos Oliveros dijo que espera contar con esas facultades, como lo plantea el Proyecto de Ley 8458, de autoría del congresista Segundo Montalvo Cubas. Seguidamente anunció la reprogramación de las citas a la sesión de hoy, donde faltaron varios invitados.

De igual parecer fue la congresista Oriana Orué Medina (PP), quien dijo que presentará una moción para que exigir la presencia de los funcionarios del Callao, que hoy fueron invitados a la Comisión de Fiscalización, a fin de que den cuenta del alto índice de criminalidad que existe en la zona y la formación de una comisión multipartidaria investigadora.

La reacción del titular de la comisión fue por la inasistencia de cuatro de sus cinco invitados, algunos de los cuales, incluso fueron convocados por segunda vez.

En efecto, a la décimo octava sesión extraordinaria, que se desarrolló en forma descentralizada en el auditorio de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional del Callao, solo asistió la directora del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión (HNDAC), Elena del Rosario Figueroa Coz.

Durante la cita, la funcionaria del Ministerio de Salud respondió a la sindicación de irregularidades identificadas en una visita inopinada al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión; y a las acciones realizadas sobre deficiencias en la Defensoría del Pueblo ubicada en el quinto piso del nosocomio; y falta de personal médico para la atención en emergencia.

No hizo lo propio el titular del Gobierno Regional Callao (Gore Callao), Ciro Castillo Rojo, citado para que informe los logros, avances, obras y expectativas de la gestión 2023-2026; inoperatividad en diversos proyectos de inversión pública ejecutados por el GORE Callao.

Asimismo, debía explicar sobre presuntos favores sexuales solicitados para obtener puestos de trabajo en esa entidad; presunta intromisión para definir contrataciones por parte del Antonio Castillo Rojo, hijo del gobernador regional; demora en la adquisición de 46 camionetas para la Policía Nacional del Perú y estado actual de la entrega; e irregularidades en el Hospital Daniel Alcides Carrión, unidad ejecutora del Gobierno Regional del Callao.

Lo mismo ocurrió con el alcalde de la municipalidad provincial del Callao, Pedro Spadaro Phillips, convocado para que responda a denuncias por parte de representantes de las ollas comunes sobre supuestas presiones de promotoras de la común; denuncias periodísticas de acoso sexual por parte del alcalde; irregularidades en obra de mejoramiento de balneario de Costa Azul Ventanilla en el periodo en que fue burgomaestre de ese distrito; y entre otras, irregularidades en la Empresa de Servicios de Limpieza sobre presunto pago de 400,000 soles a 38 localizadores por servicios no ejecutados.

Tampoco concurrieron el director ejecutivo del hospital San José del Callao; y el presidente de la superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), Manuel Castillo Venegas. Éste último argumentó que no lo habían dejado entrar al Congreso, cosa que Burgos Oliveros negó.