La Oficina de Normalización Previsional (ONP) tiene unos 83 mil expedientes con proceso en curso, de ese número 15 mil no tienen derecho a pensión, es decir, no reciben nada mientras dura el proceso y no haya resolución judicial, por lo que merecen nuestra prioridad, sostuvo el jefe institucional de la Oficina de Normalización Previsional, ingeniero Diego Arrieta Elguera.

Así lo aseguró, al acudir esta tarde al Parlamento para informar sobre el estado situacional de su institución y el cumplimiento de sus funciones públicas, ante la Comisión de Trabajo y Seguridad Social que preside el congresista Hernando Cevallos.

Ante la pregunta de los legisladores, respecto a que si no resultaba oneroso para su institución mantener tantos juicios, Arrieta, explico que la ONP paga un promedio de mil soles por caso y que ese pago lo hacen en tres partes, al iniciar el proceso, al contestar la demanda y al finalizar dicho proceso.

Señaló que la demora de los pagos a pensionistas en procesos judiciales no pasa por el tema presupuestal, sino por algunas modificaciones a la Ley de Procedimiento Administrativo General. “El objetivo de la institución es resolver la carga procesal acumulada por durante varios años”, indicó.

En otro momento, dijo que un buen porcentaje de los nuevos aportantes han optado por el sistema público. Es decir, que ha mejorado la recaudación, pero no lo suficiente como para decir que el sistema es autosostenible. En ese sentido, comentó que aun así la participación de los devengados e intereses legales representan un 11% del presupuesto anual de su institución.

Dijo que su plan estratégico institucional se basa en el fortalecimiento de la gestión de aportes, de la gestión de derechos y aseguramiento de la institucionalidad. “Señores congresistas, dentro de nuestros objetivos específicos, esta la sistematización y control del registro de aportes; mejora de procesos de pensionamiento, mitigación de controversias, fortalecimiento de la identidad institucional y la implementación del régimen del servicio civil”, señaló.

También informó que ha iniciado una serie de actividades administrativas como la validación y sistematización de la data, que es la integración de base de datos institucional; la implementación del reporte de movimientos de cuentas y de expedientes electrónicos.

Previamente, se presentó al abogada Verónica Aschtu Agüero, quien denunció que la ONP no cumple con una sentencia del Primer Juzgado Civil de la Corte Superior de Lima, que dispone el pago de los interés y devengados a más de 200 pensionistas de Enapu-Matarani, en un juicio que ha durado trece años.

Señaló que la institución solo ha cumplido con 49 beneficiarios, a pesar que el citado juzgado, en abril de 2015, le otorgó dos días para cumplir con todos los recurrentes. La letrada informó que, lamentablemente, once de los beneficiarios han fallecido sin recibir hasta el momento justicia por parte de la ONP.

Al respecto, Arrieta dijo que su institución estaba dispuesta a cancelar, pero solo los devengados e intereses que establece la legislación y no los sobre intereses que mandaba la sentencia judicial, por lo que el titular del grupo de trabajo legislativo, Hernando Cevallos, solicito al jefe de la ONP un informe promenorizado sobre este caso, explicando, además, cuál es la capacidad discrecional que tiene su institución para oponerse a una resolución judicial.

PRENSA-CONGRESO (Jarvi)
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