Con 99 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, el Pleno del Congreso aprobó por un plazo de 180 días la conformación de una comisión investigadora multipartidaria encargada de investigar los actos y procesos administrativos durante la ejecución del Proyecto Especial Majes Siguas – II Etapa desde el año 2003 hasta la fecha.

La moción presentada por  su  autor, Justiniano Apaza (FA), señala también que la investigación incluirá las sucesivas acciones del gobierno regional de Arequipa y entidades relacionadas al proyecto y determinar las responsabilidades funcionales de acuerdo  ley.

Asimismo, comprenderá la  investigación y evaluación de la gestión de la autoridad del proyecto ( AUTODEMA), para el esclarecimiento de las denuncias y, en su caso, la recomendación de propuestas para su mejor funcionamiento.

Apaza Ordoñez destacó la necesidad de investigar el proyecto que se encuentra paralizado, que tiene visos de sobrevaluación, que solo ha beneficiado a grandes empresas en perjuicio de la población y que existe una serie de denuncias por corrupción e irregularidades.

Dijo que la investigación debe realizarse desde la entrega del proyecto a PROINVERSION para el proceso de promoción de la inversión y el otorgamiento de la concesión, hasta hoy.

Durante el debate, casi la totalidad de congresistas manifestaron su aprobación a la conformación de la comisión investigadora al proyecto y compararon la situación al de Olmos en Lambayeque.

El congresista Javier Velásquez (CPA) dijo que el APRA nunca se ha opuesto a una comisión investigadora, pero que el caso pareciera “que se le está pasando la factura a un adversario político y que comparar a Majes-Siguas con Olmos no es exacto.

Asimismo, consideró que la moción se refiere a la necesidad de un cambio del modelo agroexportador.

“Este no es un tema de lucha contra la corrupción, sino ideológico, porque se está hablando del diseño de modelo agroexportador y desde cuándo promover la agro exportación es un peligro? No se tiene que pensar solo en sectores de los productores sino en todo Lambayeque”, expresó.

La congresista Alejandra Aramayo (FP) se manifestó a favor de la investigación de Majes y Siguas por la demora de más de cuatro años para su implementación y porque en ese lapso su costo se elevó hasta en 63%. Asimismo, cuestionó que se hicieran  cambios en el aspecto financiero y que nadie dijera complacientemente nada.

El congresista Horacio Zeballos Patrón (NP) sostuvo que el caso del proyecto especial de Olmos se replica en Majes y Siguas donde las tierras han sido entregadas a un escaso número de grandes empresas, sin que éstas inviertan nada y aprovechen recursos del canon arequipeño.

Asimismo, aclaró que el costo del proyecto en Arequipa no se incrementó solo en 63 %, sino en 74%, vía adendas, como el aumento de 107 millones de soles en supuestos “cambios tecnológicos”. También pidió que la investigación se realice desde el 2003 y no 2013, lo cual fue aprobado.

La legisladora Marisol Espinoza (APP) se refirió a proyectos en diferentes partes del país con diseño agroexportador que permite la entrega de amplias zonas agrícolas a  exportadoras en detrimento de los pequeños y medianos agricultores.

Asimismo, sostuvo que es falso que los agroexportadores salven la economía de un país, sino por el contrario que quienes contribuyen con el desarrollo son la pequeña y mediana agricultura.

Los congresistas del Frente Amplio, María Elena Foronda, Hernán Cevallos Flores y Jorge Castro coincidieron en manifestar que el problema de la lucha contra la corrupción no es ideológico y que es necesario investigar los hechos sospechosos que perjudican la economía de la población y fiscalizar cómo se manejan los recursos del Estado.

El congresista Héctor Becerril (FP) lamentó que en el proyecto especial de Olmos, en Lambayeque, se adjudicara más de 80 % de las tierras a determinadas empresas del grupo Gloria con dinero de los peruanos, mientras los comuneros sufren de falta agua para la irrigación y que no tuvieran oportunidad de ser postores por no poder cumplir con las exigentes condiciones.

La parlamentaria Karla Shaefer (FP), representante de Piura, también lamentó que el financiamiento logrado por la exparlamentaria Rosa María Venegas para la concreción del proyecto Alto Piura, haya caído en garras de empresas corruptas como Camargo-Correa por el mal manejo de la gestión, caso que se está investigando en Lava Jato.

Asimismo, demandó que el cuarto componente del proyecto, basado en aguas subterráneas, deba realizarse en paralelo al primero para que se beneficien en forma prioritaria los pequeños y medianos agricultores. (MED)

PRENSA CONGRESO  19-04-18

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