Por mayoría, la Comisión de Fiscalización y Contraloría acordó invitar a la ministra de Energía y Minas, Cayetana Aljovín, para que explique sobre el supuesto incumplimiento de la ley que establece la contratación de Petroperú por parte de PeruPetro para la exploración y explotación del Lote 192.

El encargado de sustentar el pedido fue el congresista Edwin Donayre (APP), quien señaló los alcances de la Cuarta Disposición  Complementaria Final de la Ley N° 30130  en ese sentido y  que autoriza  a Petroperú para que una vez firmado el contrato pueda tener socios estratégicos.

Sin embargo, dijo que PerúPetro no está cumpliendo con la ley y por el contrario estará negociando con la empresa canadiense Frontera Energy para que sea la que realice las operaciones en el Lote 192, con lo cual se estaría beneficiando a transnacionales en perjuicio de nuestro país.

“Por ello, creo que la Comisión de Fiscalización debe actuar tempranamente para que el presidente del directorio informe detalladamente las razones por las que no se cumple con la ley. De igual manera, la ministra del sector debe informar si tiene competencia en esta materia y sobre la labor de fiscalización que está realizando”, expresó.

Por su lado, el congresista Jorge Meléndez (PPK) señaló que no existe transgresión alguna de la ley ni problema contractual, “sino que la norma no fue interpretada debidamente y ha sido distorsionada”. El legislador, quien es accesitario en ese grupo de trabajo, votó en contra en reemplazo del titular Salvador Heresi. Janeth Sánchez, su compañera de bancada, se abstuvo. El resto aprobó la propuesta.

Donayre Gotzch dijo que la oportunidad será buena para que Aljovín  Gazzani aclare el tema.

Aunque la fecha para la visita de la titular del portafolio quedó abierta, se sabe que la invitación sería cursada para que concurra en la próxima semana.

De otro lado, la comisión trató en sesión reservada el caso de la muerte del exempleado de la familia Humala-Heredia, el excabo EP Emerson Fasabi, acaecido el 21 de julio del 2015. De igual manera, las irregularidades que habrían cometido los funcionarios y servidores públicos y ciudadanos que estuvieran involucrados en los hechos. (MED).

PRENSA CONGRESO

4-10-17