El grupo de trabajo que evalúa el Decreto de Urgencia 015-2020, que modifica la Ley del Instituto del Mar del Perú (IMARPE), aprobó citar a los ministros de la Producción y de Defensa, Rocío Barrios Alvarado y Walter Martos Ruiz, respectivamente.

De la misma manera, a representantes del Imarpe, de la Sociedad Nacional de Pesquería y de la Sociedad Nacional de Industrias y, a pedido del congresista Marco Arana, a los especialistas en pesquería Bruno Monteferri y Juan Carlos Sueiro.

La sesión, encabezada por su coordinador Rolando Reátegui, sirvió para iniciar el trabajo de evaluación del dispositivo emitido por el Poder Ejecutivo en el interregno parlamentario, que busca la mejoría y el fortalecimiento del rol y la gestión institucional.

Durante la reunión los congresistas Pedro Olaechea, Ángel Neyra y Marco Arana coincidieron en la preocupación de que las instituciones técnicas y científicas tengan autonomía y no dependencia política para un mejor trabajo y aporte al sector.

Olaechea Álvarez Calderón dijo que muchas veces sobre pescar podría generar al país un punto porcentual de PBI, lo que políticamente podría afectar.

“Hay que tener la conciencia de que cualquier decisión que se tome al respecto podría terminar influyendo en el futuro del recurso anchoveta”, anotó.

“Es tremendamente importante que el IMARPE tenga independencia, que no pueda verse afectada el día de mañana por una falta de confianza política”, indicó.

Neyra Olaychea demandó la reestructuración del Ministerio de Producción, por ser el responsable de las decisiones que toma y destacó la necesidad de que Imarpe deba tener autonomía.

El parlamentario destacó el papel que le tocó cumplir a Olaechea Álvarez-Calderón como ministro de la Producción en su momento, quien privilegió la información técnica que le proporcionaba el IMARPE para tomar sus decisiones, lo que implicó un punto porcentual en el PBI, pese a las críticas que hubo por parte de un sector del empresariado.

Dijo, además, que el Decreto de Urgencia en cuestión no requiere ser aprobado con apuro, pues debería ser visto por el nuevo Congreso para su debate respectivo y ver las posibilidades de propuestas legislativas que diferencien la pesa para el consumo humano y la pesca industrial.

A su turno, Arana Zegarra se manifestó coincidente con estos conceptos, pero además, sostuvo que “el IMARPE debe mantener independencia de la influencia de los lobbies y de la corrupción que pueda haber en este importante sector”.

Consideró que el Poder Ejecutivo planteó el tema como un decreto de urgencia a raíz de que se habrían descubierto unos audios donde funcionarios del Imarpe estaban negociando las cuotas de pesca, no en función de los recursos hidrobiológicos existentes, sino de los intereses por elevar dichas cuotas y para ello alterar los datos.

El legislador dijo que el problema no es nuevo y que el tema es de fondo y que esa institución sea reorganizada, porque frente a la defensa y sostenibilidad de nuestros recursos, sus funcionarios no se han pronunciado.

CENTRO DE NOTICIAS
PRENSA-CONGRESO 3-02-2020

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