El caso de la extraña muerte del exempleado de la familia Ollanta Humala-Nadine Heredia, Emerson Fasabi -que empezó a indagarse entre los meses de julio a diciembre del año pasado- seguirá siendo investigado en la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Parlamento.

En  igual forma se continuará indagando las presuntas irregularidades cometidas en la contratación del abogado Francisco Eguiguren Praeli por parte de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT).

Ello forma parte de la agenda pendiente de la Comisión de Fiscalización en la cual además están comprendidas la indagación en los procesos de contrataciones de bienes, servicios y obras en los gobiernos regionales y locales, así como respecto a los programas sociales promovidos por el Estado.

Otros cinco grupos de trabajo especiales designados por la Comisión de Fiscalización seguirán laborando y que investigan las presuntas irregularidades y actos de corrupción en obras públicas en el distrito José Leonardo Ortíz (Chiclayo, Lambayeque) así como en la construcción y equipamiento de los hospitales de Cutervo, Jaen, Cajabamba, San Ignacio y Cajamarca. 

También continuarán las pesquisas sobre las presuntas irregularidades en el programa inclusivo de desarrollo rural (PRIDER) en Ayacucho así como la contratación de obras estatales y la implementación de la política pesquera que se desarrolló entre los años 2011-2017.

De acuerdo al balance oficial de actividades de la Comisión de Fiscalización y Contraloría durante la primera legislatura ordinaria del año parlamentario 2017-2018, se han aprobado los informes de cuatro grupos de trabajo.

Esto son, a saber: sobre los procesos de contratación de bienes, servicios y obras en los gobiernos locales; las presuntas irregularidades en las obras de saneamiento de agua y alcantarillado en Cajamarca; la presunta corrupción de autoridades en el distrito de Irázola (Padre Abad, Ucayali) y sobre las políticas de prevención contra la corrupción en el sector estatal.

En materia legislativa, se ha aprobado -entre los meses de julio-diciembre del 2017- la ley que modifica el Decreto de Urgencia 003-2017 así como la que fortalece las facultades de sanción de la Contraloría General de la República.

En trámite documentario se encuentran los proyectos de ley que plantea modificar la ley de Arbitraje y de Contrataciones del Estado así como aquel que propone como requisito para laborar en el sector estatal, no tener condena por delito de terrorismo o por delito de apología del terrorismo.

La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso ha realizado un total de 14 sesiones durante la primera legislatura ordinaria del período 2017-2018. (JSR)

PRENSA CONGRESO 10-01-18

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