Errores gruesos en la formulación e implementación del proyecto de la Interoceánica Sur originaron que el Estado haya perdido alrededor  de 4,500 millones de dólares, según los estudios técnicos dados a conocer el miércoles 2 por Gustavo Guerra García, en su presentación ante la Comisión Investigadora ‘Lava Jato’.

El exviceministro de Transportes y economista, durante su intervención dio a conocer que en la ejecución de estos errores participaron tanto funcionarios del MTC en el gobierno de Alejandro Toledo, los responsables técnicos de ProInversión y de las empresas concesionarias, principalmente Odebrecht.

El primero de ellos fue el caso del proyecto Amazonas Norte (Paita-Yurimaguas), de una extensión de 960 km. que según las inversiones referenciales iba a estar en los 158 millones 600 mil dólares y a construirse en  48 meses.

Al respecto, Guerra García informó que el proyecto norte tuvo estudios específicos para cada tramo en comparación con la Interoceánica Sur (desde Iñapari a Puerto Marítimo-Brasil), que no fue considerado como un proyecto prioritario para el país, excepto para los pobladores de la región Puno y un “sentimiento de apoyo” en el sur por parte del gobierno de ese entonces.

Dio a conocer que los estudios técnicos preliminares –que tuvieron un costo de 158 millones de dólares- si bien estudiaron el movimiento vehicular por esa carretera y la justificación comercial en ese entonces, la demanda de efectos y pérdidas no fue lo más acertado, incluso su extensión hacia Manaos que sí tuvo una evaluación completa, incluyendo el tráfico comercial con Ecuador.

Explicaría luego que el esquema de pagos de esta obra fue a doce años y que si el Perú hubiera incumplido con los pagos a la concesionaria, el BID pagaba el compromiso de deuda y, por lo tanto, el concesionario no perdía. Sin embargo, en el camino a la adjudicación ocurrieron serios problemas que pusieron en duda la legalidad del convenio.

Por ejemplo, dijo, el Gobierno realizó un ajuste en el índice general de precios de la construcción días antes de que se presenten los sobres económicos; que si bien la concesión requería un cofinanciamiento y era rentable, no pasó por el SNIP como proyecto integral, y los funcionarios enfrentaron un largo proceso judicial por esas razones.

En lo que respecta al proyecto Interoceánica Sur, Gustavo Guerra García comentó que se trató de un proyecto importante para la macrorregión sur, pero no estuvo entre las obras prioritarias del ministerio de Transportes porque sus efectos comerciales con Brasil –como se pensó inicialmente- eran muy limitados.

Dijo que el megaproyecto vial fue considerado en ese momento (año 2005) como uno de los más grandes de Sudamérica y que los beneficios agrarios entre Perú y Brasil iban a ser grandes.

Un informe elaborado por economistas de la U. del Pacífico (y auspiciado por Odebrecht, según Guerra García) señalaba que la rentabilidad de los cultivos agrarios para el Perú sería de un 85%, que “era imposible”. A ello se agregaba el costo del pavimento. Hubo proyecciones exageradas, dijo el especialista; se inflaron los beneficios en 500 millones de dólares, se ocultaron otros problemas y no se evaluaron las condiciones más cómodas para el Estado. Una de ellas fue excluirlo del estudio del SNIP a través de un decreto supremo que fue rubricado por los entonces ministros José Ortiz y Javier Sota Nadal (encargado de la cartera de Economía por ausencia del titular de ese entonces Pedro Pablo Kuczynski) y del presidente de la República en ese entonces, Alejandro Toledo.

A ello se agregó que no hubo estudios técnicos, se sobredimensionó el costo de las obras y tampoco se realizó un estudio de impacto ambiental de expediente definitivo, ni se obtuvo la licencia ambiental previa al concurso.

Sobre lo expuesto, los miembros de la Comisión dejaron en claro que debió haber un estudio técnico en este proyecto y en todos. “Es materialmente imposible. Si no se hacen se va a seguir regalando la plata” (dijo Jorge Castro). “¿Era necesaria esa obra? ¿ Se trató de un proyecto transformado en una gran necesidad para que se haya producido la coima?”, preguntó por su parte el congresista Mauricio Mulder; mientras que Gino Costa y Víctor García Belaunde preguntaron sobre aspectos técnicos del proyecto Interoceánica Sur.

En sus respuestas, el invitado comentó que no era un proyecto prioritario. Sí hubo un trasfondo político para apurar el proyecto y con el argumento de hacerlo rápido se le exoneró de muchas cosas, incluyendo aspectos legales y desoyendo las recomendaciones que en su momento hicieron Provías Nacional y la Contraloría General de la República. Se estima que las pérdidas sociales ascenderían para el proyecto a 3,100 millones  de dólares y las sobreganancias para la concesionaria (Odebrecht) en 340 millones de dólares en un escenario en el cual se hubiera realizado una inversión más acorde con la demanda.(OMC)

PRENSA CONGRESO

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