El Congreso de la República aprobó, por unanimidad (104 votos) y en primera votación, la reforma constitucional que reconoce como “derecho fundamental el derecho de acceso a internet”, y para ello modifica el artículo 14 de la Constitución Política del Estado.

De acuerdo con el artículo 206 de la Constitución Política del país y el inciso a del artículo 81 del Reglamento del Parlamento, esta reforma tendrá que ser sometida a debate y a una segunda votación en una siguiente legislatura.

La iniciativa legislativa se sustenta en los proyectos de ley 3156, 3607, 5600 y 5843.

El titular de la Comisión de Constitución y Reglamento, Luis Valdez Farías (APP), sostuvo que el “derecho a internet es una condición esencial para garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales como la libertad de expresión y de la comunicación que debe ser promovido por el Estado desde la concepción constitucional”.

Valdez Farías indicó que “tan importante es esta brecha digital que ella puede marcar la diferencia entre la prosperidad o la pobreza, el conocimiento o el analfabetismo o la igualdad de oportunidades para nuestros compatriotas”.

Es importante recalcar, continuó, que “casi la mitad de la población mundial no cuenta con los medios para conectarse a la internet, lo cual menoscaba la condición de avanzar y ejercer sus derechos en un mundo globalizado y cada vez más interconectado”.

“Esa brecha digital que, como factor, nos mantiene en el subdesarrollo, es la brecha que debemos hoy cerrar haciendo del acceso a internet un derecho previsto de manera expresa en la Constitución”, expresó.

En su artículo único, el dictamen aprobado modifica el artículo 14 de la Constitución Política del Estado de acuerdo con el siguiente texto:

“La educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad”.

“El Estado garantiza el derecho de acceso a internet en las entidades, instituciones y espacios públicos. Su acceso es gratuito. Asimismo, promueve el desarrollo científico y tecnológico del país a través de la formación en las tecnologías de la información y comunicación, en especial para el sector educativo y en las zonas rurales del país”.

Durante el debate, en donde todos los legisladores que intervinieron saludaron la propuesta, surgió la discrepancia en torno a si el derecho de acceso a internet debería ser “libre y abierto”.

Fue el congresista Diethell Columbus Murata (FP), quien planteó que el texto precise que, si el derecho a internet debería ser libre y abierto, pues “podría generar una mala interpretación”; y al mismo tiempo pidió que se apruebe una norma, ya aprobada en primera votación, sobre el servicio de internet, porque lo que se haría es dar “acceso a un servicio deficiente”.

Alberto de Belaunde (PM), autor de uno de los proyectos de ley, definió la importancia de que se considere los conceptos libre y abierto, porque tiene que ver con un internet libre de censura; y recordó que en el mundo hay países dictatoriales que plantean restricciones irracionales a internet.

Intervinieron seguidamente los congresistas Arlette Contreras Bautista (NoA) y Absalón Montoya Guivin (FA), también autores de dos proyectos de ley incluidos en el dictamen.

La primera dijo que, tal como lo reconoció la ONU, esta herramienta va a garantizar la educación de nuestros niños y niñas del interior del país; y el segundo señaló que este derecho fundamental nos permitirá mejorar como sociedad.

Participaron Rubén Ramos Zapana (NC), Martha Chávez Cossío (FP), Isaías Pineda Santos (Frepap), Alexander Lozano Inostroza (UPP), Jorge Vásquez Becerra (AP), Carmen Núñez Marreros (Frepap), Leonardo Inga Sales (AP), Luis Simeón Hurtado (AP), Omar Chehade Moya (APP), Rubén Pantoja Calvo (UPP), Eduardo Acate Coronel (APP).

OFICINA DE COMUNICACIONES