Congresistas de diversas bancadas instaron al Ministerio de Educación a una mejor focalización social para la entrega de tablets a los alumnos de las zonas rurales y urbanas de nuestro país a fin de garantizar una educación de calidad en el presente año.

Fue el miércoles 7 durante la décima sesión extraordinaria de la Comisión de Educación, que contó con la presencia de Ricardo Cuenca Pareja, ministro de Educación, y Diego Carrillo Purin, viceministro de Comunicaciones.

Grimaldo Vásquez Tan (DD) señaló que debido a la crisis sanitaria que afronta nuestro país por el coronavirus existe mucha necesidad de que los estudiantes no sean excluidos en la entrega de herramientas tecnológicas.

Criticó al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) por el reporte dado al Poder Ejecutivo, toda vez que no coincide con la realidad de cada lugar, por lo que muchos estudiantes aún no han recibido las tabletas.

“Las brechas son enormes en la zona urbana y rural. Es urgente que se implementen estrategias en el más breve plazo, porque la solución no es que los alumnos vuelvan a clases presenciales, por el contrario, tenemos que proteger la vida y salud de los estudiantes, dotándoles de herramientas tecnológicas a los que verdaderamente las necesitan”, indicó.

En la misma línea, Gilmer Trujillo Zegarra (FP) dijo que la información dada por el INEI no es acorde con la realidad, toda vez que la pandemia ha generado una distorsión, por lo que muchas localidades y alumnos han quedado excluidos de esta primera fase en la entrega de tabletas.

“Los niños corren el riesgo de pasar la problemática que sufrieron en el 2020, una mala educación por lo que no se ha previsto atenciones inmediatas, hay limitaciones de conectividad, no hay debida focalización, porque no se ha priorizado esa información en el INEI”, indicó.

A su vez, el parlamentario Eduardo Acate Coronel (APP) manifestó que hay escuelas en zonas rurales que no cuentan con energía eléctrica las 24 horas del día. Además, criticó a los funcionarios del Minedu por la poca disposición que tienen para contar con paneles solares.

“Al parecer los que arman los planes en el sector Educación no conocen la realidad del país. Hay mucha burocracia, porque hay que dialogar con los responsables de Energía y Minas, el MTC y no se avanza”, dijo.

RETORNO A CLASES PRESENCIALES

En respuesta a la Resolución Ministerial 121-2021, que aprueba el retorno voluntario a las clases presenciales, el titular del Ministerio de Educación señaló que no es real que todos los colegios habilitados volverán a clases presenciales a partir del 19 de abril. Precisó que el 16 % de instituciones habilitadas, es decir, alrededor de 17 mil escuelas, todas ellas ubicadas en las zonas rurales, están habilitadas para poder abrir.

“Entiendo que hay temor en la población. Todos tenemos el miedo al contagio, cansancio por la pandemia, es por eso que es voluntario y el Ministerio de Educación no está obligando a nadie a abrir las escuelas, tanto es así que el 84 % de las escuelas del país, es decir, 8 de cada 10 no van a abrir a partir del 19 de abril”, precisó.
No obstante, Ricardo Cuenca informó que hay una excepción en zonas urbanas para los centros de educación básica especial que cuentan con un protocolo particular”, expresó.

DICTÁMENES APROBADOS

La Comisión de Educación aprobó, por mayoría (nueve votos a favor, dos abstenciones), el dictamen que declara de interés nacional la inclusión y fortalecimiento de la formación cívica y ciudadana en el Currículo Nacional de la educación básica regular.

La propuesta tiene por finalidad lograr una política educativa en materia de educación cívica y formación de valores en la educación básica, que permita fomentar una cultura cívica democrática entre los alumnos, además del pleno conocimiento de sus derechos y deberes.

Al respecto, el parlamentario Isaías Pineda Santos (Frepap) indicó que la propuesta no se contrapone con la organización sobre la base de enfoques transversales y por competencias que desarrolla el Currículo Nacional de educación básica, tanto en el nivel primario como secundario.

Precisó que según un estudio internacional de Cívica y Ciudadanía, realizado en el 2016, solo el 34,8 % de los estudiantes peruanos reconoce a la democracia como sistema político y comprende que las instituciones y leyes pueden promover valores democráticos en una sociedad.

“Solo el 8 % de alumnos peruanos es capaz de justificar y evaluar posiciones políticas o leyes en función de principios democráticos y la búsqueda del bien común. La importancia de la educación cívica para los escolares está dada por la formación de valores y principios éticos que definen a los estudiantes y que los lleva a desarrollar conductas, reglas de convivencia y respeto hacia las personas. Está en manos del Minedu concretizar las acciones administrativas y pedagógicas necesarias”, subrayó Pineda Santos.

El grupo de trabajo también aprobó, por mayoría, el dictamen que propone la Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la reparación patrimonial e institucional a la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga por los daños causados durante la época de violencia sociopolítica en Ayacucho.

Al respecto, el legislador Javier Mendoza Marquina (UPP), autor del proyecto de ley, señaló que se busca que el Estado pueda dar una mirada a la institución y plantear la reparación institucional cultural y patrimonial en favor de los trece mil jóvenes estudiantes, que en la actualidad alberga esa casa de estudios universitarios.
En su exposición, detalló que el comedor (que alimentaba a 800 estudiantes residentes) y la residencia universitarios son dos áreas que fueron destruidas un 28 de octubre de 1989. Así mismo la sala, el comedor, el laboratorio de rayos X, por lo que se llegó a una pérdida de cinco millones de soles.
Además, quedaron devastadas la editorial y la imprenta universitarias, con esto se perdió seis millones de soles.

Agregó que los centros experimentales, fundos en los que se producía la leche y el queso, tuvieron una pérdida de 17 millones de soles, así como el parque automotor, que brindaba servicio de transporte, sufrió el atentando y fue destruido.

Finalmente, la comisión también aprobó, por mayoría, el dictamen que propone la Ley que modifica la Ley que crea el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo.

OFICINA DE COMUNICACIONES