Después de allanarse a las observaciones del Poder Ejecutivo, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, aprobó en forma unánime insistir en la autógrafa de ley que propone definir restricciones para el uso de las Centrales Privadas de Información de Riesgos, para evitar su uso desproporcionado.

El dictamen en referencia, que recoge los Proyectos de Ley 1531/2021-CR y 1640/2021-CR, fue observado por el Poder Ejecutivo por considerar que se permite criterios de discriminación laboral, en razón a que se utiliza la información crediticia como un criterio de selección.

Aunque el grupo de trabajo que preside la congresista Rosangella Barbarán Reyes (FP), encontró contradicciones en sus observaciones, se allanó a las mismas con la eliminación del artículo en referencia.

Puesto al voto, la aprobación de la insistencia fue unánime.

Uno de los dos autores de la propuesta, congresista Víctor Flores Ruiz (FP), dijo, que, sin ninguna duda, la propuesta favorece a los trabajadores que quieren acceder a un puesto público o privado.

Antes, el grupo de trabajo aprobó, en forma unánime, el dictamen que recoge los Proyectos de Ley 1093/2021-CR y 3101/2022-PE, que propone la Ley que fortalece las inversiones relacionadas a la explotación de recursos naturales en las comunidades campesinas y nativas

El objetivo es fortalecer la distribución los recursos del canon, sobrecanon y regalías mineras, relacionados a la explotación de recursos naturales en favor de las comunidades campesinas y nativas.

La finalidad es mejorar la utilización y gestión de los recursos señalados en la ley vigentes.

El dictamen propone efectivizar los recursos naturales que por norma pertenecen a las comunidades campesinas y nativas, mejorando la trazabilidad de los recursos transferidos y de las inversiones efectuadas en las comunidades.

Por eso, plantea la creación de cuentas especiales en el Banco de la Nación para transferir los mencionados recursos a las comunidades campesinas y nativas pertenecientes a los gobiernos locales donde se exploten los recursos naturales.

CRIPTOACTIVOS

A la sesión no asistió el ministro de Economía y Finanzas, Álex Contreras Miranda, para exponer sobre la iniciativa que propone una Ley marco de comercialización de Criptoactivos.

Empero, se presentaron en su representación los funcionarios de ese portafolio encabezados por el director de Sistema Financiero y Mercado de Capitales, Oscar Alberto Orcon Hinojosa.

El invitado sostuvo que este tipo de monedas son una herramienta importante en el sistema financiero, porque sirve como medio de pago para las transacciones, es una unidad de cuenta y sirve como un depósito de valor.

Consideró que esos atributos no los tiene en su totalidad el tema de criptomoneda y que por esa razón la evaluación técnica del proyecto de ley no es suficiente.

Indicó que a nivel mundial existen unas dos mil criptomonedas y que la propuesta de crear una ley marco deben comprender el tema de los riesgos operativos, mecanismos de sanción, control de lavado de activo, financiamiento de terrorismo, fraudes entre otros, que requieren mecanismos muy específicos.

Por su lado, el especialista Martín Vargas Salafia exhortó a proteger a los más débiles, los jóvenes, y sostuvo que no regular el mercado es peligroso.

Aseguró que este tipo de medio de pago está dentro del Perú y el mundo y está creciendo, por lo que se hace necesario implementar actos de regulación fuerte, que implica estar a la altura de la innovación.

“Es importante que las empresas se sometan a las reglas y no a la inversa”, aseveró.

Finalmente, la especialista en materia digital, Yady Fernández, autora del libro “Transformación digital en el Perú” explicó los alcances de los Blockchain, moneda paralela a las convencionales, que no está regulada.

SUSTENTACIONES

Durante la décimo novena sesión sustentaron sus propuestas varios legisladores, como Miguel Ángel Ciccia Vásquez (RP), quien expuso los alcances de su iniciativa 1889/2021-CR, que propone la Ley que declara que las
indemnizaciones del proceso de Reforma Agraria no están sujetas a plazos de prescripción o caducidad y regula el procedimiento de registro, actualización y pago de acuerdo a las resoluciones del Tribunal Constitucional.

Lo mismo hizo la congresista Elizabeth Sara Medina Hermosilla (BMCN), de su iniciativa que propone la Ley que promueve el acceso a servicios públicos esenciales en la Amazonía.

OFICINA DE COMUNICACIONES