Por mayoría, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos decidió insistir en el dictamen que recomienda insistir en la autógrafa de ley enviada al Poder Ejecutivo, que plantea la creación de una Comisión Especial Multipartidaria encargada de elaborar un nuevo Código Penal actualizado, recogiendo el trabajo de las comisiones anteriores.

Fue durante la décima primera sesión ordinaria del grupo de trabajo que encabeza el congresista Isaac Mita Alanoca (PL), en la que fue aprobado un texto sustitutorio de la propuesta 06962/2023-CR, de autoría del congresista Américo Gonza Castillo (PL), con 19 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones.

La objeción del Poder Ejecutivo se basaba en una “falta de legitimidad y multidisciplinaridad” y que la comisión “solo esté integrada por congresistas y no por representantes del Poder Ejecutivo y Judicial o sociedad civil”.

Sobre ello, Mita Alanoca consideró que se trata de observaciones erróneas en los dos aspectos, por lo que fueron desestimadas.

PROTECCIÓN DE LAS VICUÑAS

En otro momento, fue aprobado el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 6265/2023-CR, de autoría de la congresista Ruth Luque Ibarra (BDP), que plantea la ley que modifica la Ley 26496, que aprueba el régimen de propiedad de los camélidos sudamericanos, así como las sanciones por cazarlos, capturarlos, sustraerlos o comercializarlos, a fin de garantizar la protección de las vicuñas frente a la caza furtiva.

Fue aprobado por 21 votos a favor y una abstención.

PROTECCION A MENORES

Durante la sesión, fue aprobado en forma unánime, la propuesta que plantea establecer la obligatoriedad de las visitas presenciales, cada dos meses, por parte de defensores públicos especializados a menores de edad que se encuentran bajo medidas de protección en centros de acogida residencial (CAR).

La finalidad es asegurar que los defensores puedan constatar personalmente la situación de los menores y recoger sus opiniones sobre asuntos que los afectan.

No hubo necesidad de debate y los 22 congresistas asistentes votaron a favor.

SISTEMA DE FLAGRANCIA

De otro lado, ante una cuestión previa presentada por el congresista Víctor Cutipa Ccama (JP-VP), para retornar el documento a comisión, el grupo de trabajo optó por mayoría dedicar más estudio a la propuesta que plantea una ley que crea el Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia e implementa las Unidades de Flagrancia Delictiva a nivel nacional.

El objetivo del dictamen es el establecimiento de principios claros y la creación del Consejo Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva; y la implementación de comités distritales de esta materia en sus respectivas jurisdicciones.

El dictamen comprende los proyectos de ley 06093/2023-GL, 06257/2023-CR, 06305/2023-CR, 06549/2023-CR, 07011/2023-CR, 07873/2023-PE, 08553/2024-CR, 08828/2024-CR, 08961/2024-CR, 09425/2024-CR, 10109/2024-CR y 10305/2024-CR.

Por su lado, la congresista Gladys Echaiz de Núñez Izaga (HyD), consideró que el problema es económico, que se necesitan más fiscales, más jueces y policías y no una entidad administrativa.

El congresista Germán Tacuri Valdivia (BMCN) coincidió con Echaíz de Núñez Izaga y planteó una cuestión previa y citar a representantes de las instituciones que deben formar parte del Consejo Nacional. La cuestión previa fue aprobada con 13 votos a favor y nueve en contra.

Antes, fue elegido por mayoría el congresista Mita Alanoca como representante de la comisión ante la Comisión Coordinadora del Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de Libertad Efectiva (Renadespple).

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL