La Comisión de Constitución aprobó en su sesión del martes 5 insistir en nueve autógrafas de ley que fueron observadas por el Ejecutivo. Las normas aprobadas por ese grupo legislativo derogaron o modificaron diversos decretos legislativos que elaboró el Ejecutivo al amparo de las facultades que le otorgó el Congreso.

Este tema y la aprobación por unanimidad del plan de trabajo de la comisión para el presente año legislativo, fueron los únicos temas de agenda.

La insistencia de la comisión fue por mayoría de votos y recayó en los cambios que se propusieron a los siguientes decretos legislativos: 1326 (que reestructura el sistema administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado), 1242 (modifica la ley de la carrera del personal de la PNP); 1267 (Ley de la Policía Nacional del Perú); 1266 Ley de Organización y Funciones del Ministerio del Interior.

Igualmente se insistió en el DL 1348 (que modifica diversos artículos del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes); DL 1333 (se propone derogarlo y se refiere esta norma referida a la simplificación del acceso a predios para proyectos de inversión priorizados); el DL 1268, que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional.

Por último, se aprobó – por mayoría – insistir en el DL 1353 (que crea la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública); y el DL 1280, que aprueba la ley marco de la gestión y prestación de los servicios de saneamiento.

Previamente, en la sección pedidos, los congresistas Héctor Becerril, Lourdes Alcorta y Alejandra Aramayo expresaron su malestar por un reportaje que publicó recientemente el semanario sabatino Somos, referido a la terrorista Maritza Garrido Lecca, quien deberá salir en libertad en los próximos días al cumplir su condena.

Becerril dijo que  la nota expresaba una apología del terrorismo, representándola como una bailarina de clase media, como una víctima, cuando es todo lo contrario. Expresó que el terrorismo se estaría reagrupando ahora que saldrán de prisión otros sentenciados, a lo que Lourdes Alcorta acotó que fue una mala decisión tomada en el gobierno transitorio de Valentín Paniagua y a la gestión equivocada del ministro de Justicia de ese entonces, Diego García Sayán.

A ello, Aramayo preguntó qué estaba haciendo al respecto el Procurador del Estado y ante lo cual debería pronunciarse sobre el tema.

PRENSA CONGRESO  

5-09-17

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