La propuesta que busca proteger de la usura a los consumidores de los servicios financieros, en especial a los usuarios de los préstamos informales denominados “Gota a Gota”, será analizada con mayor detalle en forma conjunta con la Comisión de Economía en fecha próxima.

Así lo anunció el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos, Wilson Soto Palacios (AP), quien dijo que hará la coordinación respectiva, tras escuchar la petición de integrantes de ese grupo de trabajo parlamentario y encontrar diversas opiniones durante el debate.

Antes, Soto Palacios, autor de la iniciativa legislativa, sustentó la propuesta señalando que lo que se busca es exceptuar por tres años la aplicación del artículo 52 del Decreto Ley 26123, Ley Orgánica del Banco Central de Reserva del Perú, modificada mediante Ley N.° 31143, con la finalidad de promover la inclusión financiera a las micro y pequeñas empresas.

Soto Palacios explicó que la Ley 31143 si bien por un lado ha regulado un mercado que tenía mucha insatisfacción de los consumidores, por otro, ha limitado posibilidades de acceder al sistema financiero a usuarios que no tienen respaldo económico o que sus ingresos son fluctuantes.

El parlamentario explicó que las entidades del sistema financiero han establecido parámetros muy exhaustivos para el otorgamiento de un crédito y se ha dejado afuera a pequeños microempresarios y personas naturales que no tienen sueldo fijo.

Advirtió que, por esa razón, se ve con preocupación el aumento de los préstamos informales denominados “Gota a Gota”, cuyos intereses son excesivamente altos y su forma de cobranza ejercida con abuso y violencia, haciendo a los usuarios víctimas de extorsión o asesinato.

Durante el debate, el congresista José Luna Gálvez (PP) consideró que la propuesta es dañina para más de siete millones de usuarios con tarjetas de crédito de consumo que resultarán afectados, y ganancia extraordinaria para las empresas financieras. Pidió su retorno a la comisión para una mejor revisión.

Por su parte, José Arriola Tueros (NA) pidió una sesión conjunta con la Comisión de Economía o que se pronuncie el Ministerio de Economía y Finanzas sobre el particular.

El congresista Jorge Morante Figari (FP) coincidió en la necesidad de una sesión conjunta con la Comisión de Economía.

PASAPORTES 10 AÑOS

De otro lado, Soto Palacios recordó que el 1 de febrero del 2023 se promulgó la Ley N.° 31678, ley promovida por la comisión, que estableció la vigencia del pasaporte electrónico ordinario por diez años, pero que hasta el momento no se ha cumplido con su entrega, con lo cual se afecta a millones de peruanos.

Para ese efecto, se presentó el superintendente Nacional de Migraciones, Armando Benjamín García Chunga, quien indicó que tecnológicamente se encuentran listos para emitir el documento, pero que es necesario contar primero con la aprobación del nuevo Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA).

Asimismo, ante una pregunta del congresista Soto Palacios, dijo que el valor del nuevo pasaporte será un adicional de 20 soles a los 98.60 actuales.

En representación del Ministerio de Relaciones Exteriores, Alberto Alejandro Farje Orna, director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares, indicó que el pronóstico para la emisión de los pasaportes en referencia sería en junio próximo, después de lograr las adecuaciones técnicas y legislativas correspondientes.

Por su lado, el general Miguel Núñez Polar, viceministro de Orden Interno del Ministerio del Interior, señaló que el proceso normativo se encuentra avanzado y que muy pronto debe estar listo el nuevo TUPA.

OFICINA DE COMUNICACIONES E IMAGEN INSTITUCIONAL