Con la forma cómo será el procedimiento para el inicio del debate de la propuesta de reforma electoral que el país demanda, se inició la discusión en la sesión que realizó  hoy la Comisión de Constitución y Reglamento, dirigidos por el congresista Miguel Torres Morales (FP).

El debate comenzó con la propuesta que planteó el presidente de la Comisión, quien solicitó a sus miembros que en representación de sus grupos parlamentarios presenten los temas urgentes que se deben trabajar en la reforma de cara al próximo proceso electoral 2018.

Dijo que el objetivo es elaborar un Código Electoral, pero a corto plazo la comisión debe lograr que las próximas elecciones locales y regionales se realicen de manera adecuada. «No lo vamos a poder elaborar en 3 o 4 meses que nos quedan ni en un año porque se trata de 450 artículos», señaló.

Por su parte, la congresista Marisol Espinoza Cruz (APP), miembro del grupo de trabajo de reforma electoral, dijo que en 8 meses se revisó un cuerpo legislativo y estimó que en el tiempo que queda pendiente, la comisión de Constitución podría hacer lo propio.

«Que considere este cuerpo Legislativo para que se estudie y se analice y no sea considerado solo como un insumo. El Perú merece un código electoral, el país necesita un cambio», dijo la parlamentaria.

A su turno, la congresista Patricia Donayre Pasquel (FP), coordinadora del grupo de trabajo,  pidió que el documento elaborado con la participación de todas las fuerzas políticas sea considerado para su debate y no como un insumo para elaborar otra propuesta.

Al respecto, la congresista Rosa María Bartra Barriga (FP) estuvo de acuerdo en que el objetivo final será lograr un código electoral, sin embargo dijo que estos temas deben ser bien debatidos. “No podemos dejar lo importante por lo urgente, porque se nos vienen las elecciones”, remarcó.

El congresista Mauricio Mulder Bedoya (APRA) propuso que el mismo grupo de trabajo sea el que presente los temas sustantivos en la reforma, pero «no  podemos evadir nuestra responsabilidad», acotó el legislador

Por su lado, el congresista Yonhy Lescano Ancieta (AP) dijo que el grupo de trabajo hizo su labor  en 8 meses y que sería una falta de respeto sacar solo algunos temas. «Se ha trabajado con todas las fuerzas políticas y debe servir como base para elaborar el código», señaló

Finalmente, el congresista Miguel Torres Morales reiteró el pedido a los legisladores de proponer los puntos más urgentes para que sean debatidos en una próxima sesión. “Qué feliz me sentiría yo de terminar mi presidencia con esta propuesta lograda, pero tengo que ser responsable y tomar lo que es urgente de cara a las próximas elecciones”, concluyó el parlamentario.

PROYECTO BETETA

La congresista Karina Beteta Rubín sustentó el proyecto de ley  de su autoría que propone modificar el DU 003- 2017 Decreto de Urgencia que asegura la continuidad de proyectos de inversión para la prestación de servicios públicos y cautela el pago de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción

“Resulta esencial extender los alcances de dicha norma a las personas jurídicas que participaron bajo la modalidad de consorcios, pues en la realidad existen personas jurídicas que participaron en calidad de socios o asociados conformando consorcios para contratar con el Estado”, dijo la parlamentaria en alusión a empresas vinculadas en actos de corrupción.

Al respecto los congresistas Daniel Salaverry Villa(FP) y Héctor Becerril Rodríguez (FP) respaldaron el proyecto de la congresista Beteta. “Hay que cerrar las puertas  a las empresas corruptas» dijo Becerril.

En el debate participó la vicepresidenta Rosa María Bartra Barriga quien felicito la iniciativa y considero que la corrupción que vive el país necesita una respuesta inmediata de este Congreso.

El congresista Miguel Torres informó que el proyecto será trabajado por la asesoría técnica de la comisión con carácter de urgente

DEFENSOR DEL PUEBLO

A la sesión asistió el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez Camacho para sustentar el proyecto de ley que promueve la aplicación de un enfoque de derechos para garantizar una adecuada rehabilitación y reconstrucción tras el impacto de El Niño Costero.

Inicio su exposición saludando la disposición del Congreso y la decisión de «estar en sintonía» con los miles de damnificados por el impacto del fenómeno natural. En ese sentido saludó la aprobación de la ley para la reconstrucción con cambios, sin embargo dijo que se trata de una ley de reconstrucción solo de infraestructura.

«Una reconstrucción con cambios debe empezar por las personas y debe ser por las más vulnerables y sin corrupción», dijo el Defensor del Pueblo, tras lo cual agregó que las empresas que contraten deben tener un plan anticorrupción claro y verificable.

Dijo que falta un plan integral de atención alimentaria toda vez que 435 mil personas necesitan alimentos durante 3 a 6 meses, especialmente los que están en albergues, campamentos, carpas y en zonas rurales aisladas

«Nos parece urgente que se vean estos temas. Necesitamos una reconstrucción con enfoque de derechos a la alimentación, la salud, la educación, la vida de las personas» remarcó Gutiérrez Camacho

El congresista Becerril expresó su preocupación por la situación de la salud pública en el norte del país  que hasta la fecha ha dejado un saldo de 20 muertos por dengue.

Por su parte, el congresista Javier Velázquez Quesquén dijo que la iniciativa de la defensoría debe verse como un complemento a la ley de reconstrucción y su colega Alberto Quintanilla opinó que sería conveniente que la contraloría acompañe la reconstrucción para evitar actos de corrupción.

El defensor del Pueblo concluyó su participación señalando que es importante que el Congreso de un mensaje de compromiso e institucionalidad. “Esta es una norma con mucha vocación de futuro porque el país es uno de los más vulnerables frente a fenómenos y cambios climáticos» finalizó.

El congresista Miguel Torres Morales dijo que la asesoría técnica de la comisión elaborará el dictamen correspondiente al proyecto sustentado.

Finalmente, por mayoría la comisión aprobó el predictamen recaído en el DL 1290, Decreto Legislativo que fortalece la inocuidad de los alimentos industrializados y productos pesqueros y acuícolas.(RMD)

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