La Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que preside la congresista Leslye Lazo Villón (AP), inició el debate sobre la elección de los magistrados al Tribunal Constitucional (TC) con la sustentación del Proyecto de Ley (PL) 04885/2020-CR, y la opinión de la presidenta del máximo organismo constitucional, Marianella Ledesma Narváez, y los ex titulares de esa entidad: César Landa Arroyo, Víctor García Toma y Oscar Urviola Hani.

Antes de iniciarse la sustentación de la iniciativa legislativa, y las ponencias de los invitados, el parlamentario Luis Roel Alva (AP) solicitó que se acumulen todos los PL que tienen relación directa con la materia, pues dijo que habían ingresado entre 6 y 7, y que la presidencia de la Comisión tenga en cuenta todas las propuestas.

Al respecto, la legisladora Martha Chávez Cossío (FP) recordó que la Comisión de Constitución, el ente especializado sobre este tema, es la que tiene que abordar este análisis, y propuso que se advierta a la primera vicepresidencia del Congreso derive los proyectos hacia las comisiones con el máximo cuidado, ya que no se puede enviar los proyectos indistintamente.

Para tratar de zanjar ese punto el congresista Carlos Mesía Ramírez (FP) propuso que la solución a ese impase es proponer sesiones conjuntas entre las Comisiones de Justicia y Constitución.

El parlamentario Luis Simeón Hurtado (AP) indicó que su iniciativa regula y establece un procedimiento meritocrático y transparente para la elección de los miembros del TC, mediante la modificación del artículo 8 de la Ley 28301, Ley Orgánica del TC, que permita tener una justicia constitucional eficaz, proba, imparcial y libre de corrupción.

Simeón Hurtado propuso un solo mecanismo de elección, el concurso público, respetar los principios de igualdad, la creación de una Comisión Especial integrada por un miembro por bancada, sesiones públicas, la veeduría de la Defensoría del Pueblo y de la Junta Nacional de Justicia, que garanticen probidad, imparcialidad, publicidad y transparencia en el procedimiento de elección.

OPINIONES ESPECIALIZADAS

La presidenta del TC, Marianella Ledesma Narváez, sostuvo que el perfil de un magistrado es el de una persona que va a definir conflictos entre órganos de autónomos y entidades que forman parte del funcionamiento del Estado. ‘Las competencias están diseñadas en la Constitución, pero habría que pensar en cómo seleccionar a este tipo de profesionales que se les va a dar ese encargo».

Saludó que el PL haya acogido políticas del Acuerdo Nacional, como las números 1, 24 y 28, y que bueno que se pretenda construir un modelo de elección de jueces con una mirada de país, que, en cierta manera, ya están pinceladas en las premisas de dicho acuerdo.

Dijo que el artículo 8 de la Ley Orgánica del TC ha experimentado muchas modificaciones. «Podemos coincidir en la forma de elección, pero lo es que ese modelo debe asegurar que los candidatos realmente se comporten con independencia; que sea una elección transparente y auditada por la ciudadanía; y que no sea tan discrecional pues debilitaría la objetividad de quien elige».

El expresidente del TC, César Landa Arroyo, señaló que la experiencia muestra que en la elección de magistrados ha existido una serie de acciones políticas que han estado al margen de los criterios de pluralidad y transparencia, e hizo un resumen de algunos casos de elecciones controversiales.

Por ello, continuó, se requiere de un magistrado con un perfil profesional imparcial. Su elección debe significar una valoración de la especialidad, para no dejar el trabajo a los técnicos. “Hay que saber combinar esos elementos de imparcialidad frente a las fuerzas políticas, litigantes, fácticas, que se dan en procesos trascendentes”, expresó.

El extitular del TC, Víctor García Toma, manifestó que, si la iniciativa legislativa planteada apunta a tener un tribunal probo, imparcial, independiente, y libre de corrupción, preocupa el hecho de que hasta el momento no existan denuncias o sentencias contra magistrados, y, más bien, si existen denuncias es contra parlamentarios, cuya labor debe ser fortalecida.

Argumentó ciertos malestares en la elección de magistrados anteriormente, y por ello se cambió la forma de elección. «Cuál es el mejor modelo», se preguntó, al tiempo de agregar que este modelo por concurso abierto no es el mejor porque va a necesitar el respaldo una institución pública o privada.

El expresidente del TC, Oscar Urviola Hani, dijo que no solo es necesario tener una buena Constitución, ya que ella no nos garantiza las cualidades de los magistrados. «Lo que se necesita es una institución cuyos integrantes reúnan los requisitos para cumplir esa función, y tengan las herramientas adecuadas para ejercerla».

Inevitablemente, sostuvo, el TC se encuentra en torno al juego político, porque le da control abstracto de las leyes, porque interpreta una carta política. «Tiene, por tanto, carácter político, en el sentido de que son las agrupaciones políticas quienes eligen a los magistrados. Pero, el deber de estos magistrados es ser fieles con los principios de la Constitución e ingratos con quienes los eligieron».

EL ROL POLÍTICO

La legisladora Martha Chávez dijo que se ha ensayado el concurso público y el sistema de invitación directa, un sistema que es fácilmente desprestigiado de manera irresponsable. Se requiere de una mayoría calificada de dos tercios para elegir magistrados, y por ello siempre va haber un acuerdo, a menos que se modifique la Constitución

El parlamentario Wilmer Cayllahua Barrientos (Frepap) señaló que los magistrados deben ser reemplazados, nunca más deben ser elegidos por invitación, y más bien por concurso público, con todas las garantías de transparencia y la ciudadanía deba estar vigilante. Propuso que los candidatos no tengan afiliación política y no hayan adelantado opinión sobre temas que se tratan en el tribunal.

Para el congresista Carlos Mesía Ramírez el TC es un órgano ad hoc que está más allá del sistema de justicia ordinario, está en la cúspide de la pirámide de justicia para analizar la Constitución. «Si queremos garantizar el sistema de justicia, tenemos que ir hacia una reforma más integral, no solo queda en el proceso de selección de magistrados».

En otro momento, consideró que el número de magistrados es corto y que deberían ser siete o nueve, como lo es en otros países.

“No solo se trata del proceso de selección. Nadie se opone al concurso de méritos. Se cambió el proceso por invitación para evitar el maltrato de los concursantes, porque el Congreso hace una selección política. Pueden terminar primeros, y luego ser baloteados”, afirmó.

El congresista Omar Chehade Moya (APP) manifestó que la forma de elección, estipulada en el último párrafo del artículo 201 de la Constitución, obliga al Congreso al “cuoteo” por una razón, 87 votos es la misma cantidad de votos que se piden para una reforma constitucional, y se pregunta cuántas reformas constitucionales se han hecho, muy pocas

“Siempre ha habido problemas y demoras para elegir a los magistrados. El problema medular es cómo nos ponemos de acuerdo para elegir”, expresó.

Participaron los congresistas Richard Rubio Gariza (Frepap), Posemoscrowte Chagua Pallano (Unión por el Perú), Cecilia García Rodríguez (Podemos Perú), Walter Ascona Calderón (Alianza para el Progreso), María Cabrera Vega (Podemos Perú), Nelly Huamaní Machaca (Frepap), Enrique Fernández Chacón (Frente Amplio).

Lima, 27 de mayo de 2020

PRENSA-CONGRESO