Con la finalidad de escuchar a todas las opiniones se suspendió hasta la próxima semana la aprobación de la propuesta del Informe Final Etapa 1 de la Comisión Especial, referido a las modificaciones constitucionales, en el objetivo de proponer una reforma integral del Sistema de Administración de Justicia en el Perú.

La presidenta de ese grupo, Maricarmen Alva Prieto (NoA), tomó esa decisión en la duodécima sesión extraordinaria luego de escuchar el pedido de la congresista Patricia Juárez Gallegos (FP), quien saludó el esfuerzo en una materia tan técnica e importante, pero consideró necesario mayor debate.

“Queremos aprobar este informe en forma unánime, por eso seguiremos escuchando opiniones para evaluarlas y aprobarlas en la próxima semana”, dijo Alva Prieto al recordar que se requieren 87 votos en el Pleno del Congreso para su aprobación y lograrlo en la presente legislatura que culmina el 15 de diciembre.

El próximo lunes o martes continuará la sesión, se informó.

Durante la reunión, la congresista Juárez Gallegos sostuvo que el tema es bastante complejo y amerita que se debata con amplitud.

En ese sentido, se refirió a varios artículos de la Constitución que se buscan modificar y que requieren ser debatidos, entre ellos, para que la Corte Suprema pueda admitir recursos de casación a su discrecionalidad judicial en los casos que la ley establezca, es decir, que tenga la facultad de seleccionar libremente los casos que desea revisar, lo que implicaría un gran poder de selección para el máximo orden judicial.

Asimismo, la regulación de la prohibición del uso de la prueba ilícita en el proceso – como está previsto en varias constituciones- para comprender la imposibilidad de aplicar una prueba que haya sido obtenida de manera ilícita; y extender el periodo del cargo del magistrado del Tribunal Constitucional de cinco a ocho años, el cual sería superior al del presidente de la república, congresistas y otras autoridades.

Durante la sesión fue leído el documento de trabajo que propone la creación expresa de un sistema de justicia en nuestro país en el que se precisa, entre otros aspectos, a sus integrantes, los órganos coadyuvantes y el rol que desempeña el Colegio de Abogados.

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