La Comisión Investigadora Multipartidaria conocida como Lava Jato, que preside la congresista Rosa María Bartra (FP), viene trabajando intensamente para presentar, a más tardar en agosto próximo, un informe contundente sobre el caso de corrupción más grande que se haya visto en América Latina y en el Perú.

La acelerada evaluación se hace diariamente en torno a 2,070 documentos recibidos y 1,779   documentos emitidos y más de 500,000 folios que se han digitalizado hasta el momento.

El alcance de la investigación se refiere a presuntos sobornos, coimas y dádivas que habrían recibido funcionarios públicos de los diferentes niveles de gobierno, en relación a las concesiones, obras y proyectos adjudicados a las empresas brasileñas Odebrecht, Camargo Correa, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galvao y otras por cualquier forma de contratación con el Estado peruano.

El conjunto de proyectos, obras y concesiones suman alrededor de 15,979´147, 584.84 de dólares, lo que es equivalente a 52 mil 300 millones de soles. Todo sucedió en los gobiernos de los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y hasta la presente gestión presidencial.

La referida Comisión, que integran junto a Rosa María Bartra, los congresistas Karina Beteta (FP); Victor Andrés García Belaunde (AP); Mauricio Mulder (PAP); Humberto Morales(Frente Amplio) y Gilbert Violeta (PpK), ha centrado la investigación en 11 líneas específicas.

Estas líneas son: Gasoducto Sur Peruano, IIRSA Sur, Línea 1 del Metro de Lima; Proyecto Olmos, Proyecto Chavimochic, Central Hidroeléctrica Chaglla en Huánuco, Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergético del Alto Piura, Hospital Antonio Lorena del Cusco, Centro de Convenciones de Lima, Línea Amarilla, Vías Nuevas de Lima y el Centro de Convenciones de Lima.

Para cumplir con su cometido, la Comisión Investigadora ha enviado 613 documentos a diferentes instituciones del Gobierno Central, organismos descentralizados, gobiernos regionales y municipales. Ha recibido 426 documentos y están pendientes 187.

Entre funcionarios, personas naturales y personas jurídicas que, en el contexto de la investigación, se les ha levantado el secreto bancario y bursátil así como la reserva tributaria y el secreto de las comunicaciones, suman un total de 439. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha remitido 15 informes de inteligencia y 10 documentos con contenido informativo y de forma general.

Actualmente se viene procesando la información reciente así como los documentos pendientes de recibir. También se analiza la diversa información  por especialidad.

Los objetivos generales y específicos están orientados a la determinación de responsabilidad constitucional de presidentes de la República y ministros involucrados así como la responsabilidad administrativa y penal de los funcionarios y particulares involucrados.

“Las conclusiones de todo lo investigado se sabrán, a más tardar, en agosto próximo cuando el informe sea puesto a disposición del Pleno del Congreso y se comprobará el esforzado trabajo que han realizado los parlamentarios miembros de la Comisión Lava Jato”, subrayó uno de los especialistas de ese grupo de investigación. (JON)

PRENSA-CONGRESO-9-7-18 

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