Este viernes 21 se aprobó por unanimidad el informe final del grupo de trabajo que analiza el Decreto de Urgencia 022 – 2020, para el fortalecimiento de la identificación y gestión de pasivos ambientales.

El congresista Marco Arana, como coordinador del grupo, sustentó el documento y señaló que el próximo Congreso debería derogar el Decreto de Urgencia 022-2020 por ser incompatible con la norma constitucional. Asimismo, el informe indica que se debería regular la materia que este DU aborda de forma completa y establecer los mecanismos de control, prevención, tipificación de sanciones, entre otros.

Arana indicó también que “la salud de miles de personas está siendo gravemente afectadas y no constituye un elemento central de preocupación de este decreto”.

En otra parte de su exposición, Arana leyó las disposiciones complementarias finales del Decreto de Urgencia emitido por el Ejecutivo que señala que “no son de aplicación a aquellos proyectos de inversión público privada que cuenten con contrato suscrito, que contengan cláusulas referidas a la gestión de pasivos ambientales; o que se encuentren en proceso de promoción, en cuya fase de estructuración se haya asignado los riesgos asociados a los pasivos ambientales”.

Ante ello, el congresista indicó que era inaceptable. Agregó que el razonamiento del Ejecutivo es la estabilidad jurídica, pero el decreto debió indicar que los proyectos con contratos suscritos tendrían que adecuarse a la norma.

Arana, en base al informe, expresó también que se ha desconocido que, sobre la materia del Decreto de Urgencia, ya existían proyectos de ley sometidos a estudios en el Congreso. En ese sentido, continuó, la regulación del Poder Ejecutivo, en esta oportunidad, sin que medie urgencia inminente y razonable, afecta los principios de separación de poderes.

“La facultad legislativa extraordinaria del Poder Ejecutivo, no debe entenderse como ilimitada”, prosiguió.

Por su parte, el congresista Ángel Neyra dijo que estaba de acuerdo con las recomendaciones y conclusiones del informe.

“Los pasivos que generan estas actividades siguen violentando el medio ambiente y vamos a tener seres humanos con daños en su salud. Esa población que ha sido afectada tiene el derecho de un sano ambiente como base para su proyecto vital”, indicó.

PRENSA-CONGRESO