Diversos aspectos vinculados al uso del agua para la minería y problemas sociales derivados por las actividades mineras y afines fueron abordados el miércoles 18 en la Comisión de Energía y Minas, que preside la legisladora Yessica Apaza Quispe (UPP).

Durante la reunión de trabajo se presentó Luis Alvarado Zavala, funcionario de la Defensoría del Pueblo, quien informó sobre los conflictos socioambiental vinculados a la minería en el país, señalando que a la fecha existen 78 conflictos sociales vinculados a la actividad minera, de los cuales 63 son activos y 15 latentes.

También indicó que los conflictos socioambientales vinculados a este sector representan el 62 %. Además, el 12% (9 casos) de los conflictos socioambientales mineros son por oposición al inicio y desarrollo de actividades mineras.

“A la fecha hay 206 conflictos sociales entre activos y latentes en general. De los 78 conflictos socioambientales vinculados a la actividad minera, el 54 % (42 casos) se encuentran en conversación. De estos 42 conflictos en diálogo, el 40 % (17 casos) tuvieron diálogo después de un hecho de violencia», anotó.

“Frente a los conflictos sociales, la Defensoría del Pueblo despliega sus facultades de defensa y supervisión para prevenir e intermediar a fin de evitar situaciones que puedan amenazar o violar derechos fundamentales, así como abrir el camino a procesos de diálogo que ayuden a solucionar un conflicto social”, manifestó el funcionario.

Así mismo, refirió que su institución en coordinación con las Oficinas Defensoriales y Módulos de Atención Defensorial, en todo el país, orienta la intervención defensorial para proteger derechos fundamentales y legitimar los procedimientos democráticos basados en la legalidad y el diálogo.

Por su parte, Amarildo Fernández Estela, jefe de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), informó sobre el uso y tratamiento del recurso hídrico en las operaciones mineras del país, así como los requerimientos de agua para unidades mineras, el uso y tratamiento de aguas residuales, en el sector minero, así como la evaluación del efecto del vertimiento en fuente de agua y reuso de las mismas. Estuvo acompañado de Wilfredo Quispe, funcionario de su institución.

También dio a conocer sobre las cabeceras de cuencas, los procedimientos y fiscalización de las autorizaciones y racionamiento del agua para este caso, entre otros aspectos vinculados al uso del agua en la actividad empresarial y minera.

Refirió que la ANA modernizará gestión del agua en beneficio de los usuarios en el ámbito nacional, con la ejecución de diversas acciones que buscarán una mejor distribución del recurso hídrico para el desarrollo del agro y otros sectores sociales del país.

“El Perú cuenta con recursos hídricos para los diferentes usos, es decir, con enfoque multisectorial, en coordinación con los gobiernos regionales, gobiernos locales y organizaciones de usuarios de agua, que permita una distribución y uso adecuado para cada caso o sector social. Estamos trabajando también en la protección y delimitación de las cabeceras de cuenca. El ANA otorga licencias de agua a proyectos con el EIA aprobados”, señaló Fernández.

Luego de la participación de los funcionarios, los parlamentarios Manuel Aguilar Zamora (AP) y Raúl Machaca Mamani (Frepap) coincidieron en señalar la necesidad de atender a las regiones del sur del país, y que la empresa minera Southern Perú estaría realizando un uso indebido del agua, así como otras empresas vinculadas a la minería y a servicios eléctricos. De igual forma, se debe de reforzar los trabajos de inspecciones y vigilancia al respecto.

El congresista Jorge Vásquez Becerra (AP) señaló que los instrumentos de gestión ambiental deberían de mejorarse para una adecuada labor, asimismo se debería desarrollar de mejor forma el tema de consulta previa. Sobre las aguas residuales y las plantas residuales, refirió que se requiere de una precisión mejor para su aplicación y gestión en el sector que corresponda.

La legisladora Julia Ayquipa Torres (Frepap) refirió que se demanda más agua para los agricultores y se debería de priorizar el uso del agua al sector agrario. Los congresistas Walter Ascona Calderón (APP), María Bartolo Romero (UPP), Yessica Apaza (UPP) también solicitaron mayor rigurosidad en los controles y fiscalización sobre estos casos para evitar a futuro conflictos sociales que lamentar.

CONTAMINACIÓN DE RÍO PARATÍA

En la última parte de la reunión, se presentó Hermes Cabana Cajia, alcalde de la Municipalidad Distrital de Paratía, quien denunció la contaminación del río de Paratía, distrito del mismo nombre, ubicado en la provincia de Lampa, departamento de Puno, ocasionada por la actividad minera.

“Esta contaminación es causada por las actividades mineras del Consorcio de Ingenieros Ejecutores de Minería S. A., que ha contaminado nuestro río matando los recursos y especies acuáticas que existían. Solicitamos a las autoridades competentes para que en este caso puedan verificar los daños y realizar las acciones necesarias para remediar este atentado ecológico, que está demostrado a través de las constancias policiales de la zona”, manifestó el alcalde de Paratía.

La autoridad edil también solicitó el apoyo del Congreso y de los miembros integrantes de la Comisión de Energía y Minas, a fin de que puedan interceder ante las instancias correspondientes se vea este caso y se sancione a los responsables de la contaminación del río Paratía.

PRENSA-CONGRESO