Comisión de Justicia recibió a ministra del sector

Implementarán videollamadas para comunicación de internos con sus familiares

Centro de Noticias del Congreso

29 Sep 2020 | 23:21 h

En la medida que las posibilidades tecnológicas lo permitan, internos del país podrían comunicarse con sus familiares a través de videollamadas, con las previsiones de seguridad correspondiente, en particular mujeres con hijos pequeños a los que no ven desde que empezó la pandemia.

Así lo aseguró la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Ana Neyra Zegarra, ante la Comisión de Justicia, que preside la congresista Leslye Lazo Villón (AP), y en respuesta a la preocupación expresada por los legisladores Alberto De Belaunde (PM) y Rocío Silva Santisteban (FA).

Fue durante una sesión extraordinaria en la que participó la titular de ese portafolio junto a los viceministros de Justicia, Felipe Andrés Paredes San Román, y de Derechos Humanos, Daniel Sánchez Velásquez

“En la medida que la conectividad y la logística de los centros penitenciarios permita ejercer esta posibilidad, se va a realizar. Esa práctica ya existe a la fecha. Ya existe en los centros penitenciarios de Chorrillos, anexo de Chorrillos, Lurigancho y Virgen de Fátima”, dijo Paredes San Román.

Indicó que también ocurre eso en el reclusorio de Huánuco, pero que la proyección es extenderla en todo el país, como parte de una política de salud mental y de rehabilitación social.

Otras preocupaciones manifestadas por los legisladores estuvieron referidas a la reactivación de los talleres productivos, paralizados en su mayoría a consecuencia de la pandemia.

La ministra señaló que están trabajando para que en dos semanas se pueda reabrir los talleres, que paralizaron sus labores, a excepción de las que se dedicaron a la confección de mascarillas y protectores faciales.

El congresista De Belaunde de Cárdenas indicó que otra de sus preocupaciones es la situación de vulnerabilidad en que se encuentran los defensores ambientalistas, que son amenazados y en algunos casos hasta asesinados.

De igual manera, en torno a la falta del derecho a la defensa de personas que están siendo procesadas, las que no tienen contacto con sus abogados desde el inicio de la pandemia. En esa misma línea, reos que no tiene la posibilidad de contratar a un abogado para su defensa.

Rocío Silva Santisteban (FA) coincidió con estas preocupaciones y se refirió también sobre la problemática de los familiares de víctimas de desapariciones forzadas, entre ellas muchas viudas con sus hijos, que no tienen acceso a la salud.

Lo mismo ocurre, dijo, con efectivos militares y policiales que han quedado discapacitados a consecuencia de enfrentamientos en defensa de la sociedad.

Otro tema, entre otros, que refirió es la falta del cumplimiento del programa de reparación a muchos grupos de víctimas de la violencia, como el caso de los ronderos.

Informó que después de una visita a un centro penitenciario en Lima, se pudo observar la falta de medicamentos

Por su lado, Neyra Zegarra puso énfasis al señalar su disposición de trabajar en conjunto con el Poder Legislativo en temas de interés común que tienen que ver con el bienestar de la población.

En respuesta a las inquietudes de los parlamentarios, sostuvo que todos los problemas referidos vienen siendo estudiados en el MINJUS para darle situación inmediata.

Indicó que no hay carencia de medicamentos y que se han tomado 67 mil pruebas rápidas, aunque el objetivo es llegar a los 88 mil. Agregó que están trabajando que la totalidad de las madres y sus hijos sean vacunados.

En cuanto a la atención de reparaciones civiles, dijo que se ha logrado un notable avance y que, vía interacción entre los ministerios de Defensa y del Interior, se resuelva el problema de atención a sus efectivos discapacitados y con problema de salud.

También indicó que se está estudiando la problemática a fin de que los reos tengan la posibilidad de un mayor número de defensores públicos.

Lo mismo indicó con respecto a la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los defensores del ambiente acosados y perseguidos por ilegales explotadores de minería, de tala y de tráfico de animales. Para ese efecto, señaló, se están estudiando medidas de atención frente a los riesgos que están atravesando.

PRENSA-CONGRESO

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